El Tribunal de Cuentas UE advierte de que muchas zonas marinas protegidas carecen de protección efectiva

El Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido este lunes de que la Unión Europea está lejos de cumplir su objetivo de proteger el 30% de sus aguas marinas para 2030, ya que actualmente solo alrededor del 14% están declaradas como zonas protegidas y muchas de ellas carecen de medidas suficientes para garantizar su conservación, por lo que considera "improbable" que se alcancen los compromisos medioambientales fijados para finales de esta década.

Así lo recoge un informe publicado por los auditores europeos, que constatan que menos del 1% de las aguas comunitarias cuentan con una protección estricta, frente al 10% previsto para 2030, y alertan de que la declaración de estos espacios no implica necesariamente restricciones a actividades como la pesca, que solo están limitadas en una pequeña parte de las zonas protegidas.

"La UE ha hecho algunos avances en la designación de zonas marinas protegidas, pero nuestra auditoría muestra que el verdadero reto es convertir la designación en protección real", ha señalado la miembro del Tribunal responsable del informe, Iliana Ivanova, que ha reclamado actuar con mayor rapidez para conseguir resultados concretos en la conservación de los ecosistemas.

En este sentido, los auditores advierten de que, aunque la legislación europea establece mecanismos para identificar y declarar estos espacios, no existen criterios comunes que determinen qué actividades pueden desarrollarse en ellos ni qué restricciones deben aplicarse para evitar daños al medio marino.

Esta falta de normas armonizadas provoca que los niveles de protección varíen entre países e incluso entre zonas pertenecientes a la red 'Natura 2000', mientras que la Comisión tampoco dispone de un sistema común que permita comprobar si las medidas adoptadas están dando resultados.

Uno de los principales problemas detectados afecta a la pesca, ya que las actividades extractivas y aquellas que dañan los fondos marinos constituyen, según el Tribunal, una de las principales amenazas para la biodiversidad, pero la aprobación de restricciones puede prolongarse durante años cuando afecta a flotas de distintos Estados miembro.

Los auditores reconocen que estas decisiones requieren negociaciones complejas entre los países afectados, aunque consideran necesario reforzar la cooperación para que la declaración de zonas protegidas se traduzca en medidas "concretas y de obligado cumplimiento".

DEFICIENCIAS EN EL MEDITERRÁNEO Y EL ATLÁNTICO

El informe también cuestiona la distribución de los espacios protegidos, al constatar que no forman una red suficientemente conectada que permita el desplazamiento de las especies y la recuperación de los ecosistemas, especialmente en las aguas profundas y las zonas alejadas de la costa.

En particular, el Tribunal señala que muchas áreas protegidas del Mediterráneo y el Atlántico funcionan como "islas ecológicas", mientras que en el mar Mediterráneo la mayoría están separadas por más de 100 kilómetros de aguas sometidas a una intensa actividad humana, lo que dificulta el intercambio de especies y la conservación de la biodiversidad.

A estas deficiencias se suman problemas de financiación y personal, que impiden aplicar adecuadamente los planes de conservación, así como la falta de un seguimiento continuo que permita determinar si las medidas adoptadas están mejorando realmente el estado de los ecosistemas.

Según los auditores, la financiación europea destinada a estas zonas se encuentra repartida entre distintos programas y presupuestos nacionales, lo que dificulta conocer cuánto dinero se invierte realmente en su protección y garantizar recursos estables para su mantenimiento.

El Tribunal advierte además de que las decisiones de conservación no siempre tienen suficientemente en cuenta sus consecuencias económicas y sociales, especialmente para las comunidades costeras y los pescadores, por lo que reclama una mayor participación de los sectores afectados y medidas para reducir los posibles perjuicios sobre su actividad.

Ante estas conclusiones, los auditores recomiendan a la Comisión Europea trabajar con los Estados miembro para mejorar la coordinación de los espacios protegidos, agilizar las restricciones necesarias y establecer mecanismos comunes que permitan comprobar su eficacia, con el horizonte de aplicar estas mejoras antes de finales de 2029.