Polémica por rebaja de penas a pederastas y violadores de derechos humanos golpea a Kast

Santiago de Chile, 23 oct (EFE).- La polémica por la rebaja de penas carcelarias a 56 pederastas, a través de varios decretos emitidos entre marzo y septiembre, obligó este viernes al Gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast, a impulsar un proyecto para impedir que los condenados por delitos sexuales contra menores de edad accedan a estos beneficios en el futuro.

Según publicó el medio local Interferencia, de los 56 decretos , 27 corresponden a condenados por abuso sexual y 29 por violación, todos tramitados entre que asumió el actual Gobierno el pasado 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026.

La rebaja de condena está regulada en la ley chilena y su calificación se realiza una vez al año, donde Gendarmería elabora un listado con los criminales que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio.

La decisión de disminuir las penas, reconocida por el ministro chileno de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, obligó al Ejecutivo a defender el criterio aplicado con un alto costo político, seguida de una arremetida opositora que busca articular una acusación parlamentaria en su contra.

Desde el Gobierno, este viernes emitieron un comunicado en el que se informó de la "suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condena" y la presentación de un proyecto de ley que "modifica el procedimiento para obtener el beneficio de reducción de condena por conducta intachable".

Rabat señaló que abordarán "este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022. Mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía”.

El ministro chileno insistió que en dichos casos solo se aplicó la legislación vigente de acuerdo a una interpretación respaldada por la Corte Suprema, abriendo un debate jurídico y político en la opinión pública chilena.

Además de los abusadores de menores, trascendió la disminución de penas a al menos dos criminales que cometieron vejaciones y torturas durante la dictadura civil militar de Augusto Pinochet (1973-1990), generando indignación en múltiples organizaciones de Derechos Humanos.

El secretario de Estado aseguró también que el presidente Kast "no estaba en conocimiento de esta situación porque esas son decisiones que las adopta el ministro de Justicia".

A través de una declaración pública, el Partido Socialista (PS) exigió la "inmediata revisión e invalidación de todos los decretos que contravengan la ley, la publicación de los antecedentes que fundamentaron estas rebajas y la determinación de las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes".

En la misma línea, parlamentarios de la Democracia Cristiana advirtieron sobre la posible presentación de un juicio político contra Rabat en el Congreso, que de aprobarse implicaría su destitución y le impediría ejercer cargos públicos por cinco años.

El exministro de Justicia Jaime Gajardo también señaló que la decisión del Gobierno atenta contra la "doctrina" de la cartera y que podría distorsionar "todos los beneficios penitenciarios".

La Defensoría de la Niñez, por su parte, señaló que los antecedentes conocidos hasta ahora son "preocupantes" y que "requieren una explicación clara" desde la cartera de Justicia.

Las rebajas de penas carcelarias a pederastas y criminales de lesa humanidad son el último capítulo de una serie de polémicas generadas a partir del nombramiento de Rabat en el Gobierno, decisión que causó suspicacia desde un comienzo en organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura pinochetista.

Rabat integró el equipo jurídico que defendió al exdictador Augusto Pinochet (1915-2006) en el juicio por la Operación Colombo y en el Caso Riggs -investigaciones vinculadas al asesinato de 119 personas y a la malversación de fondos públicos-, y durante el ejercicio de su cargo no ha descartado indultar a militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos. EFE