La CPI, que persigue a los poderosos, finalista del Sájarov frente al cerco de Trump

Imane Rachidi

La Haya, 19 oct (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) nació en 2002 con la idea de que ni jefes de Estado ni comandantes militares quedaran fuera del alcance de la justicia por crímenes más graves, y más de dos décadas después, investiga conflictos desde Ucrania hasta Palestina y Afganistán, mientras afronta una fuerte presión política y financiera desde Estados Unidos.

Creada por el Estatuto de Roma, aprobado en 1998, la CPI es el primer tribunal penal internacional permanente, y tiene hoy 125 Estados miembros que le otorgan jurisdicción para juzgar personas -no países- por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión cuando la justicia nacional no pueda o no quiera hacerlo.

No debe confundirse con la Corte Internacional de Justicia (CIJ), también situada en La Haya: mientras la CIJ resuelve disputas jurídicas entre países, la CPI determina la responsabilidad penal individual por esos cuatro crímenes graves.

La CPI está entre los finalistas de este año al premio Sájarov del Parlamento Europeo, que reconoce una contribución extraordinaria a la protección de los derechos humanos y la libertad de conciencia.

Durante sus primeros años, buena parte de su actividad se concentró en África, con investigaciones en países como Uganda, República Democrática del Congo, Sudán, Kenia, Malí y República Centroafricana, lo que alimentó críticas sobre un posible doble rasero.

En los últimos años, se ha situado en el centro de algunas de las principales disputas geopolíticas, especialmente después de ordenar, en 2023, el arresto del presidente ruso, Vladímir Putin, por su presunta responsabilidad en la deportación de niños ucranianos desde zonas ocupadas por Rusia, lo que le ha traído amenazas y órdenes de detención emitidas desde Moscú.

En noviembre de 2024 aprobó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, motivo por el que la Administración de Donald Trump sancionó al tribunal y a varios de sus funcionarios.

Estas sanciones amenazan directamente la propia supervivencia operativa del tribunal, puesto que han complicado el acceso de la CPI al sistema financiero y a proveedores internacionales.

La CPI también mantiene detenido al expresidente filipino Rodrigo Duterte por tres cargos de crímenes de lesa humanidad por asesinatos vinculados a su “guerra contra las drogas”, y su juicio comenzará el 30 de noviembre.

La crisis exterior coincide con dificultades internas: Karim Khan, fiscal jefe desde 2021 y responsable de solicitar las órdenes contra Putin y Netanyahu, fue destituido por los países miembros en verano tras una investigación por conducta sexual indebida, que él negó.

Además, la CPI carece de policía propia y depende de los países para detener y entregar a los sospechosos, una limitación que explica una de sus mayores contradicciones: puede ordenar la detención de dirigentes poderosos, pero necesita la cooperación de los gobiernos para llevarlos ante sus jueces. EFE