Ciudad de México 14 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió este miércoles de que su Gobierno podría impulsar sanciones a plataformas digitales que incumplan medidas de protección a menores de edad frente a contenidos violentos y sexuales, tras darles un mes para adaptar sus servicios.
“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
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Sheinbaum explicó que las empresas aceptaron las disposiciones de un decreto presidencial que se publica este miércoles y solicitaron un plazo de 30 días para preparar los cambios necesarios, cuya aplicación supervisará la Agencia de Transformación Digital.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que el decreto obligará a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios, clasificar los contenidos por edades y establecer configuraciones de privacidad y seguridad predeterminadas para niños y adolescentes.
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Las disposiciones también contemplan la retirada inmediata de cuentas o contenidos que promuevan discursos de odio, extremismo violento, explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso y otras conductas ilícitas.
Además, las empresas deberán incorporar herramientas de supervisión parental y mecanismos para que los usuarios denuncien contenidos que puedan poner en riesgo a los menores.
Alcalde precisó que las nuevas obligaciones alcanzan a los servicios digitales que permiten la interacción, comunicación y difusión de contenidos entre usuarios.
Entre las compañías que participaron en las reuniones con el Gobierno mexicano mencionó a Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei, cuyos representantes, según la funcionaria, manifestaron su disposición a aplicar las medidas.
El decreto también establece que las plataformas deberán contar con puntos de contacto para atender requerimientos de las autoridades investigadoras, preservar y entregar información relevante para las investigaciones y alertar sobre contenidos que representen riesgos contra la vida.
Alcalde subrayó que el decreto será obligatorio, aunque no contempla sanciones, y explicó que la Consejería Jurídica mantendrá abierto un espacio para analizar posibles propuestas de regulación adicional.
La medida se fundamenta en la legislación mexicana sobre los derechos de niños y adolescentes, que establece la obligación del Estado de garantizar un acceso seguro a internet y prevenir distintas formas de violencia digital. EFE
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