Una veintena de ONG pide a Kenia no usar a los extranjeros como "chivos expiatorios"

Nairobi, 9 sep (EFE).- Amnistía Internacional (AI) junto a una veintena de organizaciones de la Comunidad de África Oriental (EAC) exigieron este miércoles al Gobierno de Kenia frenar el uso de los trabajadores informales extranjeros como “chivos expiatorios” económicos y detener el acoso contra los pequeños comerciantes foráneos, al advertir de que la tregua de 90 días concedida por el Ejecutivo es “un alivio, no un remedio”.

Desde este lunes, la Embajada de Burundi, ubicada en el barrio de Kilimani en Nairobi, registra aglomeraciones de cientos de personas que acuden a solicitar documentos de viaje y pasaportes, después de que el presidente William Ruto fijara este 7 de septiembre como fecha límite para que los pequeños negocios manejados por extranjeros cierren.

“Esto es un alivio, no un remedio. Es lamentable que en estos seis días entre el anuncio y la fecha límite, cientos de nacionales burundeses hayan hecho filas ante su embajada en Nairobi para obtener documentos de viaje de emergencia, se hayan cerrado negocios y se hayan denunciado amenazas, acoso y pérdida de bienes”, denunciaron las organizaciones en una declaración conjunta.

Las organizaciones plantearon que en caso de ser aprobado el proyecto de Ley de Contenido Local 2025, base del ultimátum de Ruto, se regularía la inclusión de empresas y trabajadores locales en sectores dominados por multinacionales en Kenia evitando que estas contraten de forma prioritaria a proveedores o personal especializado extranjero.

“El pronunciamiento presidencial resultó confuso porque, mientras que el proyecto de ley es específico para las operaciones del sector formal, señalar a los burundeses contradice la aplicación del Plan Shirika”, indicaron.

El Plan Shirika, lanzado en marzo de 2025, busca promover la inclusión socioeconómica mediante el acceso a documentación legal, servicios financieros y mercados laborales, permitiendo que las personas se vuelvan autosuficientes junto con las comunidades de acogida.

Si bien afirmaron reconocer el derecho de Kenia a regular la inmigración y apoyar el empleo local, advirtieron que tales medidas deben ser legales, proporcionadas, no discriminatorias y coherentes con las obligaciones de su Constitución y el Tratado de la Comunidad de África Oriental (EAC) y el Protocolo del Mercado Común de la EAC a los cuales el país suscribe.

“Nuestra preocupación no es que Kenia haga cumplir sus leyes, sino que una regulación legítima pueda percibirse o aplicarse de forma que dé lugar a la exclusión por nacionalidad, al trato desigual o a restricciones sobre los derechos de los ciudadanos de otros Estados miembros de la EAC”, remarcaron en el documento.

Los críticos de Ruto le acusan de convertir a los extranjeros en chivos expiatorios de las dificultades económicas del país antes de las elecciones generales del próximo año, en las que está previsto que busque un segundo mandato. EFE