Ecologistas en Acción asegura que la prórroga de la central de Almaraz es "un fraude y una traición a la ciudadanía"

Ecologistas en Acción ha rechazado la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y de su titular, Sara Aagesen, de prorrogar el funcionamiento de la central nuclear de Almaraz hasta 2030.

La organización ecologista considera que esta decisión "incumple el compromiso con la ciudadanía, la planificación energética e, incluso, el programa electoral del PSOE", según ha trasladado en un comunicado.

El responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha aseverado que la prórroga es "una traición y un fraude a la ciudadanía, que asumirá mayores costes a medio y largo plazo mientras se retrasa una transformación energética que resulta inaplazable".

"Con esta prórroga, el Gobierno abre la puerta al caballo de Troya nuclear: una maniobra que no busca garantizar el suministro eléctrico ni la seguridad radiológica, sino perpetuar un negocio radiactivo cada vez más dependiente del dinero público para seguir operando", ha agregado.

La organización ha asegurado que el Gobierno central "pretende escudarse" en un procedimiento administrativo "nada ortodoxo" para justificar la prórroga, "sin haber llevado a cabo una revisión de seguridad en profundidad".

"El propio informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que avala la operación, reconoce que se limita a analizar la concesión de la autorización, dejando fuera la labor de inspección y control de la central durante estos años, así como el cumplimiento íntegro de los compromisos exigidos en la renovación de 2020", ha proseguido Ecologistas en Acción.

En este contexto, la organización ecologista ha subrayado su compromiso en enfrentar el "sucio y radiactivo negocio nuclear".

Para Ecologistas en Acción no se trata solo de Almaraz, sino que se trata de un "precedente" que "allana el camino para que el resto del parque nuclear reclame idéntico trato, arrastrando en su calendario a Ascó 1 y Cofrentes, bloqueando así el cierre nuclear pactado".

Ante esto, la organización ecologista asegura que continuará analizando los efectos de esta normativa y sus implicaciones legales para la planificación energética, "que el Gobierno ha terminado convirtiendo en papel mojado al ceder ante los intereses del oligopolio eléctrico y de la derecha política".

UNA ORDEN MINISTERIAL "'AD HOC' QUE SALDRÁ CARA"

Para Ecologistas en Acción, la nuclear es una energía "cara, insegura e innecesaria". Sotiene que "encarece" el precio de la luz, resulta "incompatible" con una gestión eficiente de una red eléctrica basada en energías renovables y "desvía fondos que deberían destinarse a la transición energética".

La organización ecologista ha afirmado que "la continuidad de estas centrales resulta fundamental para que Iberdrola, Endesa y Naturgy, sus empresas propietarias, mantengan el control sobre el mercado eléctrico y sobre la política energética del Estado, a costa del bolsillo de la ciudadanía".

Así, en palabras de Javier Andaluz, la orden ministerial recientemente publicada en el BOE "parece copiar la propaganda pronuclear con la que se ha bombardeado a la ciudadanía".

A renglón seguido, Andaluz ha asegurado que "los argumentos que se incluyen como el posible efecto de la volatilidad de precios, el bajo impacto de los residuos o la seguridad radiológicas no tienen la solidez necesaria" y que, por el contrario, "se ignora deliberadamente elementos como que el combustible nuclear también está financiando la guerra y nos hace muy dependientes de países como Rusia o Estados Unidos".

RECHAZO DEL MOVIMIENTO IBÉRICO ANTINUCLEAR

El Movimiento Ibérico Antinuclear, del que forma parte Ecologistas en Acción, ha mostrado igualmente su rechazo a esta prórroga. Para la portavoz del MIA, Cristina Rois, el Gobierno "ha roto su compromiso de condicionar la prórroga de Almaraz a tres condiciones: conveniente para la seguridad del suministro eléctrico; no a costa del bolsillo del contribuyente; y seguridad radiológica" que, en opinión del Movimiento Ibérico Antinuclear, "se satisface a nivel normativo pero sin suficientes garantías".

El movimiento antinuclear ha advertido de las posibles consecuencias: "Cruces de informes, anuncios de reducciones de tasas u ofrecimientos de dinero público, peticiones empresariales de beneficios adicionales, modificaciones postergadas y nuevas ventanas de oportunidad fabricadas para seguir reclamando subvenciones".

Así, Cristina Rois ha asegurado que "no es la primera vez que ocurre", en recuerdo del cierre de Garoña, que se convirtió "en una agonía de meses hasta que, finalmente, el gobierno de Mariano Rajoy y el entonces ministro Álvaro Nadal la cerraron por cara e innecesaria, demostrando que otra decisión siempre es posible".

Igualmente, la portavoz de MIA ha alertado de que las empresas propietarias del negocio nuclear "estarán ante una situación muy favorable para obtener nuevas prórrogas con rebaja de impuestos, como el de la ecotasa extremeña, un regalo de unos 40 millones de euros por año". "Esta decisión tendrá consecuencias en todo el parque nuclear y en el dinero disponible para la gestión de residuos", ha agregado.

Ecologistas en Acción ha recordado, además, que la orden no recoge la propia evaluación estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Gobierno de España, que reconoce que prolongar las centrales nucleares retrasaría el desarrollo de las renovables y encarecería la transición a medio y largo plazo.