Entra en vigor en Perú polémica ley que excluye de justicia común a policías y militares

Lima, 21 jul (EFE).- La polémica ley promovida en Perú para excluir de la justicia común a policías y militares que cometan delitos durante el ejercicio de su función entró este martes en vigencia con el rechazo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que ven un mecanismo de impunidad para agentes estatales responsables de muertes.

La norma salió publicada este martes en el diario oficial El Peruano, después de que fuera impulsada y promulgada por el presidente del Parlamento peruano, el fujimorista Fernando Rospigliosi, tras agotarse el plazo para que la ordenara publicar el presidente interino, José María Balcázar.

El texto señala que, en ningún caso, podrán seguirse de manera simultánea procesos penales en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción militar policial contra un mismo militar o policía cuando los hechos y los sujetos investigados o procesados sean los mismos.

En ese sentido, da prioridad a que los agentes de las fuerzas estatales sean procesados y juzgados por tribunales del fuero policial y militar, respectivamente, compuestos por integrantes de la misma institución, en lugar de por jueces de la justicia común.

Esta ley se suma a otras promovidas por el actual Parlamento peruano, a iniciativa de Rospigliosi, como la amnistía a policías, militares y civiles que integraban los comités de autodefensa que se encontrasen procesados o condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno contra los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

También a la norma que crea el delito de lesa humanidad para que no se puedan procesar ni condenar de manera retroactiva a responsables de violaciones de derechos humanos por actos cometidos antes del establecimiento del delito en Perú.

Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Amnistía Internacional (AI) han alertado de manera sucesiva sobre la situación de impunidad que puede crearse con estas leyes para responsables de delitos de lesa humanidad en el país, principalmente por agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. EFE