Pakistán inicia una campaña de arresto inmediato contra los afganos sin papeles en el país

Islamabad, 10 jul (EFE).- El Gobierno de Pakistán hizo efectiva este viernes una nueva orden que instruye a las fuerzas de seguridad a arrestar de manera inmediata a cualquier ciudadano afgano que resida en el país sin un visado válido, dentro de una campaña de deportaciones que ya ha expulsado a 2 millones de personas desde 2023.

La directiva del Ministerio del Interior entra en vigor tras expirar el plazo límite impuesto por Islamabad en el marco de su Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales (IFRP) que instaba a todos los afganos indocumentados a abandonar su territorio.

A partir de ahora, las administraciones locales no solo están obligadas a detener a los indocumentados, sino a remitir un informe diario al Gobierno central detallando el número de arrestados, las acciones punitivas aplicadas y su estatus de reubicación.

Las autoridades paquistaníes argumentan que la medida busca hacer cumplir las leyes migratorias en medio de la creciente ola de violencia insurgente en su territorio, que Islamabad afirma cuenta con el respaldo de los talibanes en Afganistán.

Mientras tanto, los migrantes denuncian que la presión policial y las redadas se han recrudecido notablemente, según medios afganos.

La falta de registros oficiales de personas indocumentadas en Pakistán hace imposible determinar el alcance exacto de la nueva directiva.

Según los últimos datos de la ONU (ACNUR y OIM), un total acumulado de más de 2 millones de ciudadanos afganos han sido obligados a regresar a Afganistán desde Pakistán, ya sea por deportación formal o por retorno bajo coacción, desde que comenzó el plan en septiembre de 2023.

De este total, al menos 254.367 fueron expulsiones directas y estrictas procesadas por el Estado paquistaní, antes de estar en vigor esta nueva directriz. El goteo de salidas no ha cesado, pues, en lo que va de año, más de 600.00 afganos han regresado al país.

La ONU estima que todavía quedan en Pakistán entre 1,75 y 1,85 millones de afganos. De ellos, unas 799.000 personas poseen la tarjeta de Prueba de Registro (PoR), un estatus legal de refugiado validado por Naciones Unidas.

Sin embargo, un informe de ACNUR revela que tener papeles no garantiza el poder permanecer en Pakistán. Un 64% de los titulares de tarjetas PoR que regresan declaran hacerlo por "miedo al acoso, arresto y/o deportación".

Al otro lado de la frontera, el Gobierno de facto de los talibanes intenta gestionar de emergencia la crisis humanitaria con menos financiación internacional que nunca y bajo un aislamiento del régimen.

Según el último informe de la ONU, fechado ayer, en las últimas 24 horas previas al fin del plazo en Pakistán llegaron a los distintos puntos fronterizos un total de 568 familias, unas 3.000 personas.

Las agencias internacionales han denunciado que el embudo migratorio en los pasos más transitados, donde miles de personas esperan hacinadas a recibir atención médica o ser redirigidos una vez deportados, podría hacer colapsar la zona en las próximas horas.

El pasado 26 de junio una delegación talibán mantuvo una reunión técnica en Bruselas con la Comisión Europea y 15 Estados miembro para abordar el tema de las deportaciones de afganos que no tienen derecho a permanecer en el territorio comunitario.

Irán, país fronterizo con Afganistán, también ha endurecido en los últimos años su campaña contra los refugiados afganos, forzando la salida de su territorio de más de 1,9 millones durante el año pasado, según los últimos datos de la ONU. EFE