La Justicia obliga a España a facilitar las nacionalidades de los extranjeros internados

Madrid, 7 jul (EFE).- El Tribunal Supremo de España ordenó a la Dirección General de la Policía que facilite los datos de la nacionalidad de las personas extranjeras internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) diseminados por el país.

Los CIE son centros dependientes del Ministerio del Interior en los que ingresan personas extranjeras en situación irregular hasta que se resuelva su expediente de expulsión a su país de origen.

En una sentencia, a la que tuvo acceso EFE, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por el Servicio Jesuita a Migrantes contra la decisión de la Policía de rechazar facilitar estos datos con el argumento de que podría suponer un perjuicio para las relaciones exteriores de España con los países afectados.

En concreto, Interior argumentaba que esto podría dificultar en el futuro la labor de las diferentes embajadas y consulados a la hora de documentar a los ciudadanos extranjeros en situación de irregularidad, lo que "afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones".

A criterio del Supremo, para que la limitación del derecho de acceso a la información se pueda ajustar a derecho "ha de quedar debidamente ajustada la existencia de un perjuicio concreto y tangible, no meramente hipotético".

Por ello, el Supremo considera, en relación a los argumentos de la Policía, que "no basta con invocar de forma genérica un posible perjuicio para un interés público, en este caso, las relaciones exteriores" al "comprometer la colaboración de los Estados de origen" si se dan estos datos, como argumentaba el Ministerio.

En un comunicado difundido este martes, el Servicio Jesuita a Migrantes consideró que esta sentencia "fortalece las herramientas para el monitoreo, la investigación y la incidencia de la sociedad civil en un ámbito especialmente opaco de la Administración".

"La resolución supone un importante avance para la transparencia y resulta especialmente relevante en un momento en el que la Unión Europea avanza hacia un endurecimiento de sus políticas migratorias en las que la privación de libertad de personas migrantes deja de ser un último recurso, excepcional y sujeto a la proporcionalidad de este tipo de medidas, para convertirse en una herramienta central para la gestión migratoria", agregó la entidad. EFE