Santiago de Chile, 24 jun (EFE).- El Tribunal Constitucional chileno objetó este miércoles algunas de las principales disposiciones de la recién aprobada Ley de Escuelas Protegidas, una de las primeras normas impulsadas por el Gobierno de José Antonio Kast, cuyo objetivo es frenar la violencia en las aulas.
El tribunal falló a favor del requerimiento introducido por diputados de la oposición de izquierdas, que consideran que algunas de las medidas vulneran derechos fundamentales.
La ley, aprobada en el Parlamento en junio, incluye el endurecimiento de penas en delitos cometidos en las aulas, la revisión de mochilas y bolsos o la prohibición de portar prendas que tapen el rostro.
La resolución del TC supone un revés para el mandatario ultraconservador, aunque el Gobierno indicó que espera conocer los fundamentos para determinar futuras acciones.
Entre los artículos decretados inconstitucionales se encuentra, por ejemplo, la obligación del centro escolar de informar a la policía cuando un estudiante se niegue a ser revisado o la posibilidad de sancionar a los alumnos que interrumpan las clases.
También fue declarado inconstitucional la disposición que establece que los estudiantes condenados por delitos graves no podrán acceder a becas estatales universitarias durante cinco años, una medida que la oposición calificó de "discriminatoria" al perjudicar principalmente a los alumnos de menores ingresos.
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Tras el fallo, la ministra de Educación, María Paz Arzola, dijo que respetan el fallo del TC, pero reivindicó el espíritu de la ley.
"Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: avanzar en la protección y en la seguridad de las escuelas", declaró al medio chileno Radio Infinita.
El Gobierno de Kast presentó el proyecto después de que un joven de 18 años mató con un arma blanca a una asistente educacional e hirió a otras cuatro personas en un colegio de la ciudad minera de Calama, 1.500 kilómetros al norte de Santiago, a finales de marzo.
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El caso fue el primero tipificado por la Fiscalía chilena como 'Violencia escolar dirigida' (TVS), concepto que hace referencia a un tipo de agresión extrema y planificada dentro de recintos educativos, donde un estudiante ataca directamente a miembros específicos de la comunidad escolar.
La oposición celebró un fallo que, en palabras del diputado comunista Luis Cuello, puso freno" a una ley de "inspiración autoritaria".
"Advertimos que el gobierno de Kast estaba vulnerando derechos de niños, niñas y adolescentes en nombre de la seguridad. El TC lo confirma. Hay riesgos similares en otras propuestas en materia de seguridad y orden público de este gobierno. Mi llamado es a la responsabilidad", indicó por su parte en X la diputada Lorena Fries, del izquierdista Frente Amplio, el partido del expresidente Gabriel Boric.
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La violencia en las aulas se ha convertido en los últimos años en un problema en Chile, donde instituciones de educación pública tradicionales y de alto prestigio académico son con frecuencia epicentro de movilizaciones violentas, en las que desconocidos vestidos con enterizos de trabajo blancos lanzan bombas molotov y destruyen mobiliario público.
Del mismo modo la delincuencia cometida por menores de edad ha sido motivo de debate en el país, especialmente luego del asesinato de un niño de 12 años, el pasado lunes, tras ser arrastrado en un auto por delincuentes juveniles que cometieron un robo.
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El Gobierno chileno también está impulsando un controvertido proyecto para crear un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, que incluye también la restricción a la educación gratuita a quienes cometan desórdenes públicos. EFE