La violencia sexual se mantiene como arma de guerra estructural en Sudán del Sur

Atem Mabior

Yuba,18 jun (EFE).- Sudán del Sur llega este viernes al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos con una situación de aumento generalizado de las violaciones, la esclavitud sexual y los matrimonios forzados, en lo que informes de la ONU y de distintas organizaciones civiles registran como un desafío estructural en el país africano.

A las puertas del decimoquinto aniversario de la independencia del país, los registros sobre violencia sexual de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), reflejan una constante en los últimos años, pero evidencian una gran discrepancia entre lo que sucede y es denunciado.

En el contexto del resurgimiento de la guerra civil, en el último trimestre de 2025 se registraron según la ONU 79 casos de violencia sexual. En 2024, los registros apuntaron a 246 casos, y en 2023, 221, entre ellas 118 mujeres y 98 niñas.

 En 2020 se registraron 193 casos.

El pasado mes de marzo, la jefa de la Misión de la ONU en Sudán del Sur, Anita Kiki Gebiho, afirmó en un comunicado que el descenso relativo de algunos indicadores no refleja una mejora fundamental en la situación sobre la violencia sexual y advirtió sobre la persistencia de tendencias peligrosas en materia de violaciones de derechos humanos.

Las organizaciones locales confirman el impacto de la violencia sexual en las comunidades de Sudán del Sur. Garchang David, director de la organización Empoderamiento Comunitario para el Progreso en Bor (capital del estado de Jonglei), aseguró a EFE que las zonas de Duk Padiet y Akobo han experimentado en las últimas semanas más de 40 casos de agresiones sexuales, entre los que se incluyen violaciones individuales y grupales.

Según David, la cifra real podría ser mucho mayor debido al temor que sufren las víctimas a denunciar.

Por su parte, la coordinadora de Asuntos de la Mujer de la Organización para el Desarrollo Juvenil del Alto Nilo, Bronica William Deng, reveló a EFE que solo en las zonas de Nasir, Mayan y Canal han contabilizado 73 casos de violencia sexual en lo que va de año.

Deng alertó sobre las secuelas de estos crímenes, que van desde infecciones por VIH, traumas psicológicos graves y víctimas mortales en un entorno sin atención médica suficiente.

Por su parte, en el estado de Bahr al Ghazal Occidental, la abogada de la Iniciativa para el Empoderamiento de las Mujeres (EWI, según sus siglas en inglés), Emelia Stewart, detalló a EFE los 120 casos de violencia de género que ha registrado en ese territorio, entre ellos 58 violaciones y 30 matrimonios forzados.

Stewart enfatizó el impacto a largo plazo que tiene la violencia sexual: traumas psicológicos, embarazos precoces y una disminución de los índices de escolarización entre las niñas.

Los informes de derechos humanos coinciden en que estos delitos sexuales, atribuidos tanto a actores gubernamentales como no gubernamentales, ocurren principalmente durante operaciones de desplazamiento forzado.

La representante especial del Secretario General de la ONU sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten, denunció la profunda brecha existente entre los marcos jurídicos del país y su aplicación real, un factor que perpetúa la impunidad de los agresores.

Ante esta situación, Patten hizo un llamamiento para acelerar la implementación de los planes de justicia transicional y fortalecer los mecanismos de protección, citando informes sobre la participación de múltiples actores en violaciones grupales y casos de esclavitud sexual.

Esta dinámica de abusos sistemáticos hunde sus raíces en la guerra civil que estalló en el país a finales de 2013 entre las fuerzas del presidente dinka Salva Kiir Mayardit y las fuerzas de la oposición armada leales al nuer Riek Machar, apenas lograda la independencia del país.

Los combates, reanudados entre 2016 y 2018 con una marcada dimensión étnica, propiciaron la proliferación de facciones armadas que terminaron por consolidar la violencia sexual como un método de control, castigo y agresión contra la población civil.

En 2024, la tensión política entre los líderes del país comenzó a escalar y encaminarse hacia una nueva guerra civil, que se traduce en episodios de violencia armada con tintes étnicos entre los nuer y los dinka en diferentes partes del país.EFE