Los Veintisiete piden a Bruselas que analice los precios de Trump a los medicamentos

Luxemburgo, 16 jun (EFE).- Los países de la Unión Europea pidieron este martes a la Comisión Europea un análisis del impacto de las cláusulas de nación más favorecida (MFN), que obligan a los fabricantes a aplicar en un país el precio más bajo que ofrecen en cualquier otro mercado.

La medida responde al temor de que la política de precios de la administración de Donald Trump lleve a las farmacéuticas a retrasar o retirar lanzamientos en Europa para no fijar un precio de referencia bajo que arrastre sus ingresos en EE.UU.

Durante una intervención en en el Consejo de Sanidad que los países de la UE celebraron hoy en Luxemburgo, el comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Oliver Varhelyi, indicó que quiere los resultados "antes del verano".

El ministro de Sanidad de Chipre, Neofytos Charalambides, advirtió de que "las presiones externas no deben socavar el acceso de los pacientes a los medicamentos ni la sostenibilidad de nuestros sistemas sanitarios".

Ley de Biotecnología

Los ministros sí alcanzaron un acuerdo sobre la directiva de la Ley de Biotecnología europea I, que moderniza las normas sobre microorganismos modificados genéticamente (MMG) y el procesamiento de órganos, abriendo la puerta a las negociaciones con el Parlamento Europeo.

Entre las modificaciones introducidas, el Consejo sustituyó el término "MMG de bajo riesgo" por "MMG elegibles para un procedimiento acelerado", limitó a diez años la validez inicial del consentimiento para comercializar un MMG, renovable posteriormente con carácter permanente, y clarificó el régimen del uso autólogo de órganos en situaciones de urgencia.

Además, la Comisión Europea defendió la extensión de los certificados complementarios de protección (SPC) de patentes biotecnológicas -que amplían la vigencia de una patente más allá de su vencimiento estándar- como condición necesaria para anclar la producción farmacéutica en Europa, en un debate marcado por divisiones entre Estados miembros.

Varhelyi, argumentó que sin esa extensión "lo más probable es que estos productos nunca lleguen a Europa, solo cuando expiren las patentes", y cifró el coste en 70 millones de euros por producto y año.

"Si no lo hacemos, no tendremos esa terapia. Ese es el riesgo mucho mayor", añadió La propuesta limita la extensión a invenciones biotecnológicas innovadoras, testadas clínicamente y fabricadas en Europa, con fuertes condicionantes económicos y políticos.

La ministra española de Sanidad, Mónica García, se mostró cauta a su llegada al Consejo: España está "estudiando la iniciativa" y necesita evaluar "todos los pros y todos los riesgos".

La presidencia chipriota presentó asimismo un informe de progreso sobre la revisión del reglamento de dispositivos médicos y de diagnóstico in vitro, con cuestiones pendientes sobre proporcionalidad y adaptación a la inteligencia artificial. El Parlamento Europeo prevé votar su posición a principios de 2027.

Los ministros recibieron también información sobre el brote del virus Ébola Bundibugyo en África central y abordaron la Ley de Medicamentos Críticos, cuyo acuerdo provisional con el Parlamento Europeo se alcanzó el pasado 12 de mayo.

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