Lisboa, 11 jun (EFE).- El Gobierno de Portugal reafirmó este jueves su compromiso con el Pacto de Asilo y Migración de la Unión Europea, pero mostró su rechazo a la creación de los centros de retorno fuera del territorio comunitario, medida que considera una "solución equivocada".
El ministro de Presidencia de Portugal, António Leitão Amaro, manifestó la postura del Ejecutivo ante la unicameral Asamblea de la República (Parlamento), donde presentaron dos propuestas de ley que implementan el pacto comunitario y con las que buscan "responder a los desafíos que todavía persisten" en materia migratoria.
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"Si reconocemos que las nuevas reglas europeas son importantes y necesarias, también reconocemos que no coinciden con nuestros principios totalmente, y las propuestas de ley del Gobierno que traemos aquí y nuestras posiciones en Europa así lo han confirmado", planteó Leitão Amaro.
El ministro fue más lejos y aseguró que Portugal "jamás" aceptará participar en los centros de retorno creados en terceros países.
"Es una solución equivocada, porque desprotege a migrantes y menores, y los lleva a un espacio desprovisto de derechos y esperanza. En Europa, como tantas veces, hemos demostrado que es posible una respuesta eficaz moderada y equilibrada, entre extremismos de un lado y de otro", aseguró el ministro.
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Leitão Amarose se refirió a las adaptaciones legislativas que ha impulsado en los últimos meses el Gobierno liderado por el conservador Luís Montenegro para regular más la inmigración que llega a Portugal, basándose, según dijo, en "un camino de moderación y equilibrio" que busca "reponer el orden".
El Pacto de Asilo y Migración de la Unión Europea comenzará a aplicarse de manera obligatoria este viernes, tras cumplirse un periodo transitorio de 12 meses para dar tiempo a los Estados miembros a poner en marcha infraestructuras y legislaciones claves diseñadas para blindar las fronteras externas de los Veintisiete.
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Uno de los pilares del Pacto es la aplicación de procedimientos más estrictos para las llegadas irregulares, entre los que se encuentran la identificación en un máximo de siete días de cualquier persona que cruce irregularmente una frontera comunitaria. EFE
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