
Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado culpable por unanimidad de un delito de asesinato a un acusado de matar a su mujer en noviembre de 2023 de tres puñaladas en plena calle de la localidad madrileña de Getafe.
En una lectura pública, el portavoz del tribunal de jurado ha expuesto que se le considera culpable del delito de asesinato de forma unánime, descartando la aplicación de atenuantes por alteración psicológica. En cambio, absuelve al otro acusado de ser cooperador del delito al haber dejado inoperativas dos cámaras de seguridad del edificio donde vivía la víctima.
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Asimismo, no considera probado que el procesado presentara alteración psíquica que junto al consumo de alcohol y fármacos modificara gravemente sus capacidades cognitivas y volitivas en el momento de los hechos al existir un planificación previa del crimen.
El acusado afronta una petición fiscal de 30 años de prisión. Junto a él, se sentó en el banquillo otro procesado en calidad de cooperador del delito de allanamiento y cómplice del asesinato al inutilizar varias cámaras de seguridad. En este caso, el jurado le absuelve y aprecia un arrepentimiento al no pintar todas las cámaras.
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La defensa del procesado sostuvo en el juicio que el acusado padece esquizofrenia y reclamaba que los hechos sean considerados un delito de homicidio y no de asesinato. Además, solicitaba la aplicación de las atenuantes de reparación del daño y alteración psíquica para rebajar la petición fiscal de 30 años de prisión a cinco años.
De forma subsidiaria, reclamaba que se le condene por un homicidio con la agravante de superioridad, interesando una pena total de cinco años de prisión.
Por su parte, el fiscal mantiene que el acusado actuó movido por su negativa a aceptar la ruptura sentimental con la víctima y sostiene que planificó el crimen tras fracasar en sus intentos de retomar la relación.
El Ministerio Público le acusa de los delitos de allanamiento de morada, malos tratos en el ámbito de la violencia de género y asesinato, por los que solicita penas que suman 30 años de cárcel.
Según el relato de la Fiscalía, horas antes del crimen el acusado pidió ayuda a otro hombre para inutilizar las cámaras de seguridad de la comunidad donde residía la víctima, facilitándole dinero, una máscara y un spray para tapar las lentes.
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