Denuncian que algunos ayuntamientos españoles dificultan la regularización de migrantes

Sevilla (España), 29 may (EFE).- La coordinadora estatal Padrón por Derecho denunció en España las trabas administrativas de los ayuntamientos a las personas inmigrantes que aspiran a regularizar su situación en el país y describió estas dificultades como una forma de "racismo institucional".

Esta plataforma que agrupa a asociaciones por los derechos humanos señaló, en una rueda de prensa junto al Ayuntamiento de la ciudad andaluza de Sevilla, que esta circunstancia está afectando a miles de migrantes.

Esta práctica supone el incumplimiento del artículo 15 de la Ley 4/1996 de 10 de enero, que señala que "toda persona que viva en territorio español está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente", sin que exista alguna excepción vinculada a la situación administrativa, contractual o habitacional, afirmó en una nota la coordinadora estatal.

De hecho, la situación de las chabolas en Huelva, ciudad también sureña, se convirtió en "un negocio" que denunció el presidente de la Asociación de Malienses de Mazagón (Huelva), Abdoulaye Sanogo.

"En los asentamientos de chabolas de Huelva, donde viven cientos de personas trabajadoras migrantes, nadie se acerca al ayuntamiento a empadronarse", aseguró Sanogo, para añadir que "directamente, se ven obligados a pagar por un certificado, porque el empadronamiento se ha convertido en un negocio".

La arbitrariedad, que Padrón por Derecho achacó a muchos consistorios, obstruye también el acceso de los vecinos a la tarjeta sanitaria o la escolarización de menores.

"El padrón no es una concesión del ayuntamiento, es un derecho y una obligación legal que debe reflejar la realidad de quienes viven en el municipio", precisaron desde la coordinadora.

Solo en las dos primeras semanas de regularización extraordinaria, que comenzó el pasado 16 de abril, el Ejecutivo español recibió unas 200.000 solicitudes para adherirse al proceso, que dará permiso de residencia por un año a alrededor de medio millón de personas que ya viven en España.

Aquellos primeros días dejaron imágenes de grandes colas a las puertas de las ONG y dependencias municipales autorizadas para expedir el certificado de vulnerabilidad, un requisito incluido en el último momento que solo es obligatorio aportar en algunos casos. EFE