Uruguay sigue con preocupación la situación de Bolivia y pide diálogo entre los actores

Montevideo, 20 may (EFE).- El Gobierno de Uruguay aseguró este miércoles que sigue "con atención y preocupación" la situación en Bolivia y pidió a todos los actores políticos y sociales "resolver sus diferencias de manera pacífica".

En un comunicado emitido por la Cancillería, el país suramericano expresó su solidaridad con el Gobierno y pueblo boliviano y reafirmó "su firme compromiso con el respeto de la institucionalidad democrática, el orden constitucional establecido legítimamente en el país, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos".

"Uruguay alienta al Gobierno y a todos los actores políticos y sociales a resolver sus diferencias de manera pacífica, generando sólidos mecanismos de diálogo y cooperación, con el objetivo de promover soluciones consensuadas que contribuyan a superar las dificultades económicas y sociales que enfrenta el país y preservar la paz social", sostiene el documento.

Finalmente, destaca que Uruguay apoyará a Bolivia tanto de forma bilateral como a través de los foros regionales que comparten: el Mercosur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El conflicto que afronta el Gobierno de Bolivia comenzó a principios de mes con protestas sectoriales como mejoras salariales, contra la mala calidad de los combustibles o el rechazo a una reforma de tierras, pero escaló hasta derivar en demandas políticas por la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, quien asumió el poder hace apenas seis meses.

Las protestas con bloqueos de carreteras se tornaron violentas esta semana en La Paz y profundizaron los problemas económicos y la crisis política que afronta el mandatario, quien ha recibido respaldos de EE.UU. y de varios gobiernos de la región, aunque también tuvo un conflicto diplomático con Colombia por unas declaraciones de su presidente, Gustavo Petro, que Bolivia consideró "injerencia".

Campesinos e indígenas de la Amazonía caminaron durante 24 días desde la región de Pando (norte) y llegaron a La Paz a principios de mayo para exigir la anulación de la Ley 1720 sobre la reclasificación de las pequeñas propiedades a medianas para ser objeto de créditos bancarios.

Estos sectores consideraban que la norma abría las puertas a la concentración de tierras en manos de terratenientes y empresarios agrícolas.

Esa movilización fue secundada en el altiplano de La Paz por los sindicatos de campesinos aimaras con bloqueos de caminos. El presidente derogó la ley el 13 de mayo, pero eso solo desactivó el conflicto con los sectores amazónicos.

La Central Obrera Boliviana presentó al Gobierno un documento con más de 200 demandas, entre ellas, un aumento salarial del 20 %, control de la inflación y el compromiso de no privatizar las empresas estatales, la mayoría de las cuales está en quiebra.

Paz rechazó la mayoría de las demandas, pero logró un acuerdo económico con los maestros y mineros de las cooperativas. EFE