Quito, 19 may (EFE).- Los altos precios del oro y los obstáculos legales y administrativos favorecen la expansión de la minería ilegal en Ecuador, advirtió este martes la Cámara de Minería, que alertó del riesgo de que proyectos paralizados como Loma Larga, en la provincia andina de Azuay (sur), terminen en manos de redes ilícitas.
"El precio del oro es una excelente oportunidad para una minería bien hecha, pero también es un excelente imán para la minería ilegal", señaló el presidente del Directorio de la Cámara, David Larenas.
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Como ejemplo, la presidenta ejecutiva de la Cámara, María Eulalia Silva, se refirió al proyecto Río Blanco, también en la provincia de Azuay.
Ese yacimiento, que llegó a iniciar producción, fue suspendido en 2018 por decisión judicial y actualmente se encuentra bajo control de minería ilegal ejecutada por una de las bandas criminales más activas de Ecuador.
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Silva sostuvo que este tipo de situaciones se repite en otros países de la región, donde proyectos con reservas probadas son paralizados en fases avanzadas y posteriormente ocupados por operadores ilegales.
"Un grupo disfrazado de activistas está vigente para suspender el proyecto y luego, cuando el proyecto es totalmente tomado por ilegales, desaparecen", afirmó.
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Por ello, reclamó la necesidad de mejorar la seguridad jurídica en Ecuador porque "cambiar las reglas" cuando ya han iniciado los proyectos, "afecta a la inversión".
También advirtió del riesgo de que otros proyectos suspendidos, como Loma Larga, puedan enfrentar escenarios similares, especialmente en un entorno de precios altos del oro.
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"Un proyecto donde ya están las reservas probadas, que de pronto esté suspendido con estos precios del oro, es un riesgo", afirmó.
El controvertido proyecto minero de Loma Larga, ubicado a unos 30 kilómetros al suroeste de la ciudad andina de Cuenca (sur), prevé una inversión de hasta 500 millones de dólares para extraer unas 925.000 onzas de oro, además de plata y cobre, pero desde sus inicios ha enfrentado un fuerte rechazo social, de organizaciones ambientales, de derechos humanos y de sectores indígenas.
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En septiembre de 2025, miles de personas se manifestaron en Cuenca contra el proyecto, cuya licencia ambiental fue cuestionada por presuntas irregularidades. Poco después, el Gobierno ecuatoriano inició el proceso para suspenderla por el posible riesgo para el complejo de lagunas de Quimsacocha, que abastece de agua a varias localidades cercanas. EFE
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