Veinte años de los Crímenes de Mayo: las madres marchan por justicia en São Paulo

Ailén Desirée Montes

São Paulo, 16 may (EFE).- A 20 años de una de las semanas más sangrientas en São Paulo, las Mães de Maio (Madres de Mayo) volvieron a manifestarse este sábado para exigir que los culpables sean responsabilizados y que las causas judiciales relacionadas con esa ola de violencia que paralizó a la región más poblada de Brasil no prescriban.

El movimiento nació en 2006 a raíz de los llamados Crímenes de Mayo, episodio en el que murieron 564 personas en menos de dos semanas en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y supuestos miembros de la banda Primeiro Comando da Capital (PCC), y se convirtió en un símbolo de lucha para quienes perdieron a sus hijos por la violencia policial.

Dos décadas después, un grupo de esas madres marchan en pos de justicia, prenden velas blancas y lloran sobre las ropas de sus hijos asesinados, que yacen desplegadas sobre una acera de la Avenida Paulista, en la ciudad de São Paulo.

“Marquinhos, padre de tres”; “João, 17, asistente de obra” son algunos de los carteles puestos sobre las vestimentas: desde camisetas de trabajo, hasta de clubes, incluso baberos.

La fundadora del movimiento, Débora Maria da Silva, dice a EFE que el acceso a la justicia y las políticas públicas en favor de las familias afectadas son deudas pendientes de un Estado que "produce" estas tragedias con su propia policía.

Débora, de 67 años, relata con precisión los eventos de esa semana de mayo de 2006, cuando "São Paulo paró" y su hijo, Edson Silva dos Santos, de 29 años, fue "ejecutado" por agentes del Estado.

Entre el 12 y el 21 de mayo de ese año, “São Paulo fue un rehén”, afirmó un estudio elaborado en esa época por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard.

La decisión de trasladar a casi mil presos de organizaciones criminales a cárceles de máxima seguridad, entre ellos líderes del PCC, provocó rebeliones tanto en prisiones como en las calles. Para frenarlo, el PCC incendió autobuses, atacó edificios públicos y asesinó a varios uniformados.

La represalia por parte de la policía llegó días después, cuando se impuso un toque de queda de facto que paralizó barrios pobres de la periferia de São Paulo. Débora fue avisada por un agente cercano a la familia de que habría una acción de represalia. "No anden por la calle", le alertó.

“Todo el que salía a la calle era enemigo de la Policía”, cuenta.

Esa noche, cuando ya regía el toque de queda implícito, Edson fue a su casa y se despidió con un beso. "No lo vi más”, indica su madre, cuya emoción la obliga a frenar la entrevista por momentos.

El saldo total de la ola de violencia fue de 564 muertes –unas 130 más que la cifra oficial de fallecidos que dejó la última dictadura militar brasileña–, de las cuales 505 eran civiles y 59, agentes federales; además de centenas de heridos y cuatro desaparecidos.

Según una comisión especial del Gobierno brasileño, 124 muertes se registraron bajo la denominación “resistencia seguida de muerte”, con la aparente intención de “ocultar las circunstancias reales".

Dentro de ese grupo de 124 asesinados, la mayoría recibió disparos en zonas de alta letalidad, a poca distancia de sus cuerpos, con disparos que procedían “de arriba hacia abajo”.

Edson recibió cinco. "Un tiro en cada pulmón, uno en el corazón, uno en el glúteo" y otro en la espina cervical, detalla su madre, quien afirma que las pericias tuvieron tantas fallos que su hijo fue enterrado con una bala en el cuerpo.

La Fiscalía, que "se apresuró" a archivar las causas, cuenta Débora, “mandó una carta” a las fuerzas policiales “reconociendo su labor” y atribuyó todas las muertes a las facciones criminales.

Hoy, el tiempo es el enemigo más implacable de estas familias. El crimen de homicidio en Brasil prescribe a los 20 años.

Ante "los indicios de que ya no existe ninguna posibilidad jurídica para que sus derechos sean protegidos en el ámbito interno", según un expediente presentado a la Comisión Nacional de Justicia, los familiares presentaron tres denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar que los Crímenes de Mayo queden impunes y, sobre todo, que se repitan. EFE

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