Noel Caballero
Bangkok, 15 may (EFE).- El anuncio del Gobierno militar birmano de trasladar a la exlíder democrática Aung San Suu Kyi de prisión a arresto domiciliario no ha logrado, de momento, el efecto esperado por los golpistas de un mayor reconocimiento internacional, con países de la región urgiendo a obtener acceso a la nobel de la paz.
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A lo largo de abril, los golpistas birmanos, que cercenaron una década de transición democrática con el golpe de 2021, anunciaron una serie de amnistías -que coinciden con marcadas fechas religiosas-, en el marco de las cuales indicaron que trasladaban a Suu Kyi, detenida desde la asonada, a un casa de localización no especificada para que siga cumpliendo las condenas impuestas por los militares.
"Se trata de una estrategia ya conocida para reducir la presión externa, que no demuestra una mayor voluntad de reforma ni una reconciliación genuina", declara a EFE el analista de conflictos Morgan Michaels, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) con sede en Singapur.
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La premio nobel de la Paz, de 80 años, aparece sentada serena junto a dos oficiales en la única fotografía publicada tras la medida, de la que se desconocen más detalles, incluida la fecha de la instantánea.
Por su parte, su hijo Kim Aris ha reclamado una prueba de vida, mientras que Filipinas, presidente de turno de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), pide acceso para que su ministra de Exteriores, Theresa Lazaro, se reúna con Suu Kyi.
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Daniel Gomà, historiador especialista en Estudios Orientales y profesor de la Universidad de Cantabria, estima que las amnistías a Suu Kyi son un intento del régimen por "lavar su imagen" para aparentar cierta "moderación" que le ayude a romper el aislamiento.
"Confío en que seguirán reduciendo su condena hasta dejarla en libertad", dice a EFE Gomà, quien alerta del peligro que supondría para el régimen la muerte en prisión de Suu Kyi, con problema de salud derivados de su avanzada edad, y aún querida por la población birmana.
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La toma de poder perpetrada por el Ejército acabó de un plumazo con una década de transición hacia la democracia y devolvió al país al estado de paria en el que ya vivió casi medio siglo (1962-2011), durante la sucesión de regímenes castrenses.
Suu Kyi y otros líderes políticos fueron arrestados en las primeras horas de la sublevación militar, que abrió una profunda crisis en el país, marcada por los conflictos bélicos, una economía colapsada y un grave desastre humanitario.
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Tras cinco años de sangrienta dictadura, los generales, encabezados por el golpista Min Aung Hlaing, impulsan ahora su propia hoja de ruta en busca de legitimidad y con Rusia y China como sus grandes -y casi únicos- aliados internacionales.
Entre diciembre y enero celebraron unas elecciones en las que arrasó un partido vinculado al Ejército, en un clima de represión y carente de oposición representativa. El Parlamento formado tras esa votación nombró en marzo presidente a Min Aung Hlaing, quien para asumir el cargo traspasó a un aliado la jefatura del Ejército.
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Aunque, de momento, ningún país ha cambiado su postura respecto al régimen birmano, los recientes pasos dados por Naipyidó comienzan a tensar el consenso.
El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, reconoció el pasado viernes la "frustración" de algunos países -sin citar- de la ASEAN, que incluye a Birmania, sobre la falta de avances para "reenganchar" a Naipyidó al bloque.
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"Quizás se haya producido un cambio mínimo en el enfoque de la situación en Birmania", dijo Marcos tras la reunión de los líderes del bloque, sin aportar detalles, y reclamó, una vez más, la liberación incondicional de Suu Kyi.
El Gobierno militar, por su parte, se quejó este lunes de un "trato discriminatorio" por parte de algunos miembros de la ASEAN.
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Entre los países del bloque que han expresado un mayor apoyo a la pretendida transición de los militares destaca Tailandia, afectado por la crisis armada y el aumento de inmigrantes procedentes del país vecino, que envió a un representante a la jura de cargo de Min Aung Hlaing.
Mientras tanto, Naipyidó ha contratado al lobista Roger Stone, próximo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para "restablecer" las relaciones entre el Birmania y Estados Unidos a través del "comercio, los recursos naturales y la ayuda humanitaria".
"Nadie se deja engañar por los generales que cambian de uniforme o liberan a presos políticos. Los países están deseosos de retomar el diálogo internacional porque tienen intereses en juego que no se ven favorecidos por la continuación de la guerra", sentencia Morgan. EFE