
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este jueves la "quiebra" que ha habido en la confianza en el Ejecutivo central con la gestión de la crisis derivada del 'Mv Hondius', afectado por un brote de hantavirus, en aguas canarias.
En el marco de una visita al estado de las obras de la Plaza Francisca de Gazmira y aparcamientos y del Hotel Escuela Monterrey, en el municipio de El Paso, Clavijo ha evitado responder si su partido, Coalición Canaria, plantea retirar su apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante las recientes desavenencias: "Eso lo tiene que decidir el partido. Los compañeros, en su momento, se pronunciarán".
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Sin embargo, como representante y jefe del Ejecutivo canario, sí que ha confirmado que ha habido "una quiebra" de la confianza depositada en el Gobierno central tras el paso de esta crisis.
Clavijo, cuestionado por si cree que los españoles evacuados del crucero querrían volver a visitar las islas tras el conflicto derivado por la llegada del crucero --"Tendrán que decidir ellos en su momento"--, ha señalado que si hubiese sido uno de los pasajeros a bordo "le hubiese gustado que lo hubiesen evacuado lo antes posible, y no pasar cinco días en un buque con positivos o contagiados".
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Preguntado, además, por cómo afectará la gestión del Ejecutivo canario del 'Mv Hondius' a la imagen reputacional de las islas, ha dicho cómo Canarias, aún "sin preguntarle" su opinión, "hizo lo que hace siempre: ser solidaria y arrimar el hombro".
"Canarias, como ha demostrado y sigue demostrando, es solidaria, está comprometida, pero Canarias quiere certezas, garantías, y sobre todo lealtad, que es lo que no ha habido", ha advertido Clavijo, que ha recordado que nadie "cuestiona" la solidaridad de las islas, una región que ahora, "pasados los días, ve cómo se le ocultó información y que no se fue leal con la institución del Gobierno de Canarias".
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De este modo, el presidente regional ha señalado que, a su juicio, hubo una "intencionalidad clara de apartar a Canarias" de la toma de decisiones en esta operación, una decisión "injusta" frente a lo que el Gobierno regional ejerció "su obligación": "Defender a Canarias".
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