
El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha hecho pública este lunes la orden de arresto emitida de forma confidencial el pasado mes de noviembre contra el senador filipino Ronald Dela Rosa, considerado el cerebro de la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte y uno de sus principales aliados.
La Sala de Cuestiones Preliminares I de la corte ha confirmado así que dicha orden existe y ha confirmado que Dela Rosa, nacido en 1962, está acusado de haber cometido también crímenes de lesa humanidad entre julio de 2016 y abril de 2018, periodo en el que habrían muerto al menos 32 personas en el marco de los fuertes dispositivos policiales puestos en marcha en el marco de la política de la Administración Duterte.
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El tribunal ha hallado "motivos razonables para creer que Dela Rosa es presuntamente responsable penalmente como coautor indirecto (de conformidad con el artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma) del crimen de lesa humanidad de asesinato", tal y como ha indicado el TPI en un comunicado.
Así, ha indicado que el senador "participó en un plan común que se extendió aproximadamente desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 16 de marzo de 2019 para asesinar a presuntos delincuentes en Filipinas (incluidos aquellos percibidos o presuntamente asociados con el consumo, la venta o la producción de drogas)".
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"Durante ese periodo, Dela Rosa fue oficial de policía y ocupó varios cargos en la Policía Nacional de Filipinas en la región de Dávao", recoge el texto, que apunta a que se mantuvo al frente de estos cargos hasta el 30 de junio de 2016. Así, estuvo al frente del Grupo de Inteligencia de la PNP y la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos y Doctrina, ocupó el cargo de jefe de la PNP desde el 1 de julio de 2016 hasta el 19 de abril de 2018 y también el de director general de la Oficina de Correcciones.
La Fiscalía del TPI ha manifestado su satisfacción por la publicación de la orden de arresto y recuerda que se emitió originalmente el 6 de noviembre de 2025 bajo secreto.
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Dela Rosa supervisó la campaña contra las drogas de Duterte entre los años 2016 y 2018, que se saldó con 6.000 muertos, según datos oficiales, pero que podrían haber provocado 30.000 fallecidos, tal y como aseguran organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
Estos hechos se traducen en una imputación por el "crimen contra la humanidad de asesinato" por "un plan que se extendió desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 16 de marzo de 2019 para matar a presuntas víctimas".
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Dela Rosa se encuentra ahora bajo la protección del Senado filipino tras un intento fallido de detención que culminó con el exdirigente policial perseguido por las dependencias del Senado. El presidente del Senado, Alan Peter Cayetano, ha confirmado su amparo y el abogado de Dela Rosa, Israelito Torreon, ha argumentado que no puede haber detención sin una orden explícita de un tribunal filipino.
La investigación de los hechos ha llevado al TPI a poner a Duterte bajo custodia en la ciudad de La Haya a la espera de que arranque el juicio en su contra por crímenes contra la Humanidad en relación con dicha campaña. El pasado 23 de abril, la corte confirmó todos los cargos presentados contra el expresidente filipino y decidió finalmente enviarlo a juicio.
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Con todo, su detención y entrega es objeto de debate en el país, donde cuenta con una base de seguidores fieles, y su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, ha anunciado su candidatura a las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán en 2028.
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