Guatemala cierra un capítulo negro de su historia con la salida de la fiscal general

Ciudad de Guatemala, 5 may (EFE).- Guatemala cierra un capítulo negro de su historia con la salida el próximo 17 de mayo de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras Argueta, tras la designación este martes de Gabriel Estuardo García Luna como su reemplazo por parte del presidente, Bernardo Arévalo de León.

A continuación presentamos las claves para entender los principales señalamientos durante los ocho años en el cargo de Porras Argueta, sancionada por diversos casos de corrupción por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

Los presidentes Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024) y sus aliados políticos han evitado los tribunales por docenas de millonarios casos de corrupción ante la complacencia de Porras Argueta, según han denunciado expertos, diputados de la oposición y organizaciones sociales.

Morales y Giammattei eligieron a Porras Argueta para cada uno de sus dos periodos al frente de la entidad.

Más de 60 fiscales, periodistas, abogados y jueces salieron al exilio durante los últimos seis años por la persecución del Ministerio Público, encausada por jueces sancionados por corrupción por EE.UU..

Otros, como el periodista José Rubén Zamora o los líderes indígenas Héctor Chaclán y Luis Pacheco, que no salieron al exilio, han permanecido encarcelados por cargos nunca probados en su contra.

Hasta la fecha, ninguno de los casos de este tipo elevados por Porras Argueta prosperó en el sistema de justicia, salvo un pequeño porcentaje, menor al cinco por ciento, donde los acusados aceptaron cargos obligados por la Fiscalía, según han denunciado diversas fuentes, incluidos los sindicados.

La lucha contra la corrupción que dejó más de un centenar de casos expuestos de políticos y empresarios vinculados a sobornos estatales entre 2014 y 2018, de la mano de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (una entidad independiente de la Organización de Naciones Unidas), quedó desbaratada durante la jefatura de Porras Argueta.

A ello se suman varios casos de delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno, donde la Fiscalía ha mostrado debilidad o negligencia para continuar los procesos en contra de militares señalados por asesinatos y desapariciones, de acuerdo a organizaciones sociales.

Bajo el mando de Porras Argueta, Guatemala vivió momentos de riesgo para su democracia con los intentos del Ministerio Público por derribar los resultados electorales de 2023 que llevaron a la presidencia al actual gobernante, Bernardo Arévalo de León, quien llegó al cargo con un discurso anticorrupción.

La Fiscalía intentó montar un supuesto caso de fraude electoral, nunca probado y difícil de sostenerse, ya que  fueron cientos de voluntarios guatemaltecos los que ratificaron los resultados electorales con su participación en las mesas de votaciones.

Pese a ello, la Fiscalía decomisó las actas de los resultados electorales, allanó el Tribunal Supremo Electoral y realizó múltiples conferencias de prensa para intentar implantar un fraude que no pudo ser probado en tribunales y que careció de evidencias sostenibles. EFE