ACNUR denuncia que más de 423.000 personas son vícitmas de desplazamiento interno en Honduras

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en colaboración con el Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística (INE) hondureños, así como otras entidades, ha alertado este lunes de que más de 423.000 personas --el 4,5% de la población-- han sido víctimas de desplazamiento forzado en Honduras en algún momento de sus vidas debido a la violencia, según datos recopilados entre junio y agosto de 2024.

Se trata del primer estudio de estas características que se realiza en Honduras, lo que permite dimensionar un fenómeno hasta ahora poco cuantificado en el pequeño país centroamericano y que afecta especialmente a las mujeres, quienes suponen el 55% de la población desplazada, y los menores de edad, que representan el 11%.

"Al medir el desplazamiento interno, ponemos nombre y rostro a una realidad persistente y convertimos los datos en una herramienta clave para que el Estado diseñe políticas públicas que protejan y devuelvan la dignidad a miles de familias hondureñas", ha destacado el director ejecutivo del INE de Honduras, Rony Pacheco.

ACNUR ha puesto de relieve que las personas desplazadas son más susceptibles de sufrir inseguridad, pobreza extrema, hambre, y perder sus posesiones; mientras que los menores de edad se ven directamente expuestos a riesgos como el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales.

Asimismo ha destacado que hasta un 38,5% de las personas encuestadas se han visto obligadas a desplazarse de manera forzada tanto por violencia como por desastres naturales.

Si bien se trata de un problema que afecta a todas las edades, las personas entre 15 y 34 años son el segmento de población donde más se repite este patrón, con el 38&, mientras que las zonas urbanas, como Distrito Central y San Pedro Sula --las más golpeadas por la violencia-- concentran la mayoría de los casos.

Para la representante de ACNUR en Honduras, Kathryn Lo, Honduras está logrando avances progresivos para dar respuestas a las víctimas de este fenómeno y encuestas de este tipo ayudan al Estado a "comprender mejor la magnitud y la evolución" de este problema "con el objetivo de que las personas y familias que han tenido que dejar todo atrás puedan reconstruir sus vidas con dignidad".