
El tribunal camboyano encargado del proceso contra el líder opositor Kem Sokha ha decidido mantener la condena de 27 años de cárcel contra el activista político, en vigor desde 2023 por "conspirar con agentes extranjeros para desestabilizar al Estado", y además ha añadido una prohibición adicional que le impedirá abandonar el país durante los cinco años siguientes al cumplimiento de la pena en 2050.
Sohka tiene 73 años y ahora mismo se encuentra bajo arresto domiciliario, lo que significa que, de mantenerse la condena acabará muriendo sin conocer la libertad ni salir de su país. El tribunal de apelaciones de la capital camboyana, Nom Pen, también rechazó las apelaciones de otros 33 activistas condenados a sentencias de entre 18 meses y dos años de cárcel por crear "agitación social".
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En declaraciones al 'Khmer Times', uno de los abogados de Sokha, Heng Pheng, no se ha visto muy convencido de que su cliente quiera terminar de agotar todas las vías legales con una apelación final ante el Supremo. "Lamentamos la decisión pero no estamos seguros de que su excelencia vaya a apelar al Supremo", ha explicado el letrado, que ha deslizado la posibilidad de atenerse a futuras clemencias si fructifica "la necesaria reconciliación nacional que hace falta" en el país.
Como cabía esperar, la decisión del tribunal ha sido criticada por todos los organismos que llevan denunciando desde hace años una persecución política contra el opositor, comenzando por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas que dirige el austriaco Volker Turk, "extremadamente preocupado" por los veredictos.
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"Estas condenas y sentencias son claramente incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y corren el riesgo de agravar aún más el considerable efecto disuasorio que ejercen las leyes penales amplias y de redacción ambigua, así como su aplicación arbitraria, sobre la sociedad civil, los periodistas y la población en general de Camboya", ha lamentado el portavoz de Turk, Jeremy Laurence, en rueda de prensa este viernes desde Ginebra.
"Kem Sokha y las otras 33 personas ejercían su derecho a la libertad de expresión. Sus juicios también suscitan preocupación por las violaciones del debido proceso y del derecho a un juicio justo", ha añadido.
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