Ciudad de Guatemala, 23 abr (EFE).- La organización indígena 48 Cantones de Totonicapán exigió este jueves la liberación de sus líderes Luis Pacheco y Héctor Manuel Chaclán, en prisión preventiva desde abril de 2025 tras encabezar protestas en 2023 en defensa de los resultados electorales de ese año en Guatemala que dieron la presidencia a Bernardo Arévalo de León.
Decenas de miembros de la organización se concentraron frente a la sede del Ministerio Público (Fiscalía) en la capital guatemalteca, y caminaron hacia la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, y de allí hasta el Palacio Nacional de la Cultura, donde fueron recibidos por Arévalo de León, para denunciar lo que consideran una criminalización de la resistencia pacífica.
Pacheco, viceministro de Energia y Minas, fue una figura clave en 2023 durante las movilizaciones que exigieron la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, señalada de intentar impedir la investidura de Arévalo de León.
"La resistencia pacífica no es terrorismo, y que la lucha por la democracia no se criminaliza con figuras penales ambiguas", declaró Salvador Xec, autoridad indígena de las 14 Comunidades de San Cristóbal Totonicapán, que exigió el "fin al uso indebido del delito de terrorismo como instrumento de criminalización para perseguir autoridades indígenas"
El dirigente enfatizó que las acciones tomadas en 2023 respondieron al mandato de las asambleas comunitarias en defensa del Estado de derecho.
Al momento de recibir a las autoridades indígenas, Arévalo de León dijo que los dos detenidos son acusados de delitos que “no cometieron”, y que su captura “fue una represalia por haber defendido el derecho de todos a elegir libremente a nuestras autoridades y por defender la democracia”.
En su opinión, Pachecho y Chaclán “fueron reprimidos por autoridades del sistema de justicia cuyos períodos están por terminar”.
Consuelo Porras, una jurista de 72 años, saldrá del Ministerio Público (Fiscalía) el próximo 17 de mayo, cuando vence su período. Asumió el puesto en mayo de 2018 elegida por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) y repitió en el cargo por decisión de Alejandro Giammattei (202-2024).
El caso de los dos dirigentes indígenas se suma a una larga lista de acoso y de criminalización contra jueces, periodistas, defensores de derechos humanos y el equipo de su Gobierno, por parte del Ministerio Público, comentó el presidente.
Los manifestantes señalaron que el proceso judicial contra los dos líderes indígenas sufre retrasos intencionales promovidos por actores interesados en mantenerlos en prisión. EFE
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