Hong Kong activa vía judicial para confiscar 16 millones de dólares en activos a Jimmy Lai

Hong Kong, 21 abr (EFE).- El Gobierno de Hong Kong solicitó este martes al Tribunal Superior el decomiso de activos financieros y participaciones empresariales vinculados al magnate mediático Jimmy Lai por un valor superior a 127 millones de dólares hongkoneses (unos 16,2 millones de dólares estadounidenses), en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.

De acuerdo con la demanda, suscrita por el secretario de Justicia, la iniciativa se dirige contra recursos económicos que las autoridades consideran relacionados con los delitos por los que el editor ya ha sido sentenciado.

El fundador de Next Digital, encarcelado por colusión con fuerzas extranjeras, publicar material sedicioso y otros cargos de seguridad, afronta así el riesgo de perder una parte sustancial de su riqueza en la antigua colonia británica.

El escrito solicita el decomiso de cantidades entregadas en procesos previos, incluidos 12 millones de dólares hongkoneses (1,5 millones de dólares estadounidenses) abonados en fianzas y sanciones penales, así como hacerse con los saldos de 15 cuentas bancarias a nombre de Lai que suman más de 32,2 millones de dólares hongkoneses (unos 4,1 millones de dólares estadounidenses).

La documentación remitida al tribunal recoge también 12,1 millones de dólares hongkoneses (1,5 millones de dólares estadounidenses) depositados en cuentas de 18 compañías que fueron analizadas durante el juicio ante la sospecha de haber servido para canalizar fondos.

Además, la iniciativa incluye la pérdida total o parcial de títulos en al menos 17 firmas, entre ellas Next Digital Limited.

Parte de esos paquetes accionariales figura formalmente en manos de personas del entorno de Lai, como su estrecho colaborador Mark Simon o su hijo, según se desprende de los documentos judiciales citados por el medio Ming Pao.

La operación se perfila como uno de los intentos de incautación de patrimonio más amplios tramitados hasta ahora bajo la Ley de Seguridad Nacional en el territorio y queda pendiente de la resolución del Tribunal Superior, que deberá pronunciarse tras la vista señalada para el próximo 8 de julio.

Al amparo del artículo 32 de dicha normativa, las autoridades pueden reclamar la entrega al Estado de fondos, beneficios o recursos económicos obtenidos mediante delitos de seguridad nacional, así como de los bienes empleados o destinados a facilitar esas infracciones. EFE