Una ley que cambia la clasificación de la tierra genera un conflicto en Bolivia

La Paz, 15 abr (EFE).- Sectores campesinos, indígenas y algunas ONG mantienen un conflicto con el Gobierno de Bolivia por una ley aprobada recientemente que cambia la clasificación de tierras, de pequeñas propiedades a medianas, al considerar que atenta contra la propiedad comunal, mientras que el Ejecutivo sostiene que la medida permitirá mejorar la productividad y el acceso a créditos bancarios.

La ley 1720, vigente desde el viernes, establece “la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana” de manera “voluntaria”, en un plazo máximo de 10 días, previa solicitud escrita y declaración jurada del propietario.

Sin embargo, la norma fue cuestionada desde su tratamiento en el Parlamento por casi una treintena de organizaciones campesinas e indígenas del altiplano y el oriente, que recientemente se reunieron en la ciudad oriental de Santa Cruz para abordar el asunto.

Además, un grupo de campesinos e indígenas inició la semana pasada una caminata desde la localidad de Porvenir, en el departamento amazónico de Pando (norte), hacia La Paz, para exigir que el Gobierno anule la polémica ley.

En la víspera, la movilización llegó a la población de Rurrenabaque, en el límite entre los departamentos de Beni y La Paz, a 419 kilómetros de la ciudad sede del Ejecutivo y el Legislativo, donde hubo un encuentro con una comisión del Gobierno.

No obstante, ese intento de diálogo se rompió debido a que los manifestantes consideraron que esa delegación carecía de “poder de decisión” sobre la ley, por lo que este miércoles decidieron continuar su caminata hacia La Paz.

"Las bases están comprometidas, no estamos obligando (a nadie), esto es de manera voluntaria (...) la ley nos afecta en gran magnitud y solo favorece a los que tienen dinero", dijo a EFE el dirigente campesino Faifer Coajira.

También se han pronunciado en contra de la norma organizaciones no gubernamentales (ONG) como la Fundación Tierra, el Centro de Estudios Jurídicos y de Investigación Social (Cejis) y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca).

“La medida es inconstitucional y regresiva en el tema agrario porque promueve una reconcentración de la tierra en manos de los grandes propietarios, con amenaza indirecta a la propiedad colectiva indígena”, señala un comunicado de la Fundación Tierra.

Mientras que el Cejis y Cipca coincidieron en que la ley es parte “de un paquete" orientado a "beneficiar a los sectores con poder económico y a profundizar el modelo extractivista”.

Ayer, el presidente Rodrigo Paz afirmó en un acto en la ciudad sureña de Tarija que “no es verdad” que la norma vigente busque “quitar las tierras comunales” y dijo que “algunos” están usando la ley para movilizar a ciertos sectores “con falsos discursos”.

Paz remarcó que la ley 1720 “da poder” al sector rural para que pueda “financiar su desarrollo” y acceder a créditos en el sistema financiero con intereses por debajo del 10 %, en lugar de que estos oscilen entre el 20 y 30 %.

La ley “no toca tierras comunales, no toca reservorios nacionales, no toca nada que la Constitución y las normas hayan establecido”, añadió el mandatario.

Las autoridades nacionales han asegurado que insistirán con el diálogo con todos los sectores que tengan observaciones a la ley. EFE