España condena ley israelí que aplica la pena de muerte solo a palestinos: "Es un paso más hacia el 'apartheid'"

El Centro Palestino de Derechos Humanos expresó su rechazo a la reciente reforma legal aprobada en Israel, describiéndola como una medida que “ataca a los palestinos” y consolida una política que, en su opinión, ha facilitado ejecuciones extrajudiciales bajo el amparo de la legislación. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, la organización sostiene que la aplicación diferenciada de la pena de muerte contraviene tanto el Derecho Internacional Humanitario como los Derechos Humanos, al reservar la máxima sanción únicamente para residentes palestinos.

Según informó Europa Press, esta nueva legislación recibió además la condena directa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Mediante un mensaje publicado en la red social ‘X’, Sánchez calificó la reciente ley, que prevé la pena capital por ahorcamiento y en secreto para delitos de terrorismo cometidos únicamente por palestinos, como una acción “asimétrica”. El Ejecutivo español puso el énfasis en que la normativa excluye explícitamente a ciudadanos israelíes, incluso en casos donde los hechos imputados sean idénticos. “Mismo crimen, distinta pena”, sintetizó el mandatario al referirse a la diferenciación establecida por la Knesset entre residentes palestinos e israelíes ante delitos de la misma naturaleza.

La reforma israelí, que fue aprobada este lunes en el Parlamento y se conoce formalmente como Ley de Pena de Muerte para Terroristas, estipula que solo los palestinos podrán recibir la pena capital por la comisión de actos tipificados como terrorismo. El medio Europa Press detalló que tanto desde el gobierno español como desde ámbitos internacionales se ha cuestionado que la ley no contemple la misma consecuencia jurídica para ciudadanos israelíes acusados de los mismos crímenes.

La ley fue duramente criticada por la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien señaló ante la prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que la medida “menoscaba el derecho internacional”. En sus declaraciones, Saiz defendió la postura del Ejecutivo español, subrayando el compromiso de España en denunciar decisiones calificadas como una “deriva radical” contraria a principios internacionales. “Vamos a estar siempre ahí en coherencia con estas decisiones”, afirmó la portavoz, reiterando la posición de firme condena mantenida por el gabinete de Pedro Sánchez.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina también intervino en la discusión, alertando de que la entrada en vigor de esta legislación agrava el contexto de segregación y, según sus advertencias, vulnera la prohibición de la segregación racial y el apartheid. Según consignó Europa Press, la agencia de Naciones Unidas señaló que la ley afecta exclusivamente a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada y en Israel, un sector que, a su vez, enfrenta con frecuencia procesos judiciales que la organización estima como injustos.

Además, el análisis realizado por el Centro Palestino de Derechos Humanos, difundido por diversas redes sociales y reproducido por Europa Press, sostiene que la ley profundiza la brecha legal entre comunidades y supone una vulneración directa del derecho de los palestinos a un juicio equitativo. El texto de la organización señala que “afianza la política de larga data de Israel de ejecuciones extrajudiciales bajo el pretexto de la ley”.

La referencia al ‘apartheid’ incluida en el mensaje de Sánchez evocó el sistema institucional de segregación racial que rigió en Sudáfrica y Namibia entre los años 1948 y 1991. De acuerdo con el gobernante español, la segregación legal sancionada por la ley israelí representa “un paso más hacia el ‘apartheid’”, expresión con la que instó a la comunidad internacional a no permanecer en silencio frente al nuevo escenario legal en la región.

Organizaciones de derechos humanos han insistido en su rechazo a la legislación y han exigido su derogación. Entre los argumentos más destacados figura la consideración de que la reforma legal contradice estándares fijados por el derecho internacional, particularmente en materia de igualdad ante la ley y de prohibición de tratos diferenciados sobre bases étnicas o nacionales.

La ley, que establece además que la condena a muerte se aplicará en secreto y por ahorcamiento, fue percibida por distintas entidades y personalidades como una medida que podría incrementar la división étnica en la zona y agudizar las tensiones entre grupos de población. Según publicó Europa Press, el temor de los críticos es que la legislación israelí no solo carece del principio de equidad, sino que además institucionaliza una estrategia de castigo centrada exclusivamente en una población específica.

El debate sobre la proporcionalidad y legalidad de las sanciones en el marco del conflicto israelí-palestino suma así un capítulo polémico con la entrada en vigor de esta medida, al situar de manera explícita a ciudadanos palestinos bajo un régimen penal diferenciado, sin atribuir las mismas consecuencias legales a otras personas residentes en el territorio involucradas en delitos similares.