Fiscalía pide archivar la causa contra profesionales del comité que autorizó la eutanasia a Noelia

El contenido del informe elaborado por los profesionales implicados en el procedimiento incluía señales de dudas acerca de si la situación de la paciente cumplía los requisitos exigidos por la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, especificando que el sufrimiento descrito podía o no considerarse suficientemente grave, crónico e imposibilitante. Tales anotaciones de la jurista en el documento sirvieron de base para una evaluación desfavorable en una primera instancia. A partir de este escenario, la noticia principal gira en torno a la solicitud del Ministerio Público para archivar el caso contra los miembros del Comité de Ética Asistencial responsables de autorizar la eutanasia a Noelia, una mujer de 25 años con paraplejia, quien recibió la muerte asistida en Barcelona.

Según informó Europa Press, la Fiscalía presentó ante la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona su petición de sobreseimiento, después de considerar que no existen indicios de que los dos profesionales —un médico y una jurista— hayan cometido delitos relacionados con la autorización del procedimiento. Ambos integrantes del Comité de Ética fueron objeto de una querella por parte de la Fundación Española de Abogados Cristianos, quienes les atribuían presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.

De acuerdo con la querella presentada, los entonces investigados admitieron ante el tribunal haber simulado un desacuerdo inexistente, lo cual, en su opinión, habría derivado en la intervención del pleno de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC), modificando el proceso administrativo estipulado y reforzando la legalidad de la autorización mediante un blindaje administrativo. Sin embargo, el juzgado concedió la admisión a trámite de la denuncia principalmente para solicitar formalmente documentación al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona, proporcionando así una base legal para reunir las pruebas relacionadas con la sentencia que avaló la eutanasia de Noelia. Según detalló Europa Press, esta aceptación a trámite buscaba exclusivamente conservar el marco legal necesario para el requerimiento de la documentación solicitada.

El auto del pasado 26 de marzo reflejó que la jueza veía indispensable admitir la denuncia para que la petición de testimonios y documentos, relevantes en la causa, pudiera tener respaldo legal y llegar a la Fiscalía. El objetivo principal era evaluar la pertinencia penal de los hechos una vez analizada toda la evidencia.

La resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12, recogida por Europa Press, ya había respaldado la legalidad del proceso seguido para autorizar la eutanasia. En su dictamen, la jueza aseguraba que la actuación de los profesionales no revelaba ningún indicio de delito y descartaba irregularidades. La decisión recibió, además, la validación posterior del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Durante el procedimiento judicial, los miembros de la dupla médico-jurista defendieron su proceder frente a la complejidad del caso, justificando la necesidad de llevar la decisión al pleno del Comité de Garantía y Evaluación de Cataluña, el cual estaba compuesto por 19 integrantes. Todos ellos se pronunciaron finalmente con un dictamen unánime a favor de la autorización. El juzgado entendió que esa vía otorgó mayor solidez y garantías al proceso, al pasar del criterio de dos especialistas a una valoración colegiada.

Según lo detallado por Europa Press, la magistrada consideró que no existía vulneración alguna en el camino seguido, pues la derivación del caso al pleno reforzó la transparencia y la pluralidad en la toma de decisiones, especialmente relevante en un asunto considerado complejo dentro de la aplicación de la Ley de Eutanasia.

El caso de Noelia generó la intervención de la Fundación Española de Abogados Cristianos, quienes formalizaron la denuncia contra los profesionales al considerar que su conducta había alterado lo dispuesto en la ley y pretendía "blindar" la resolución con la intervención del pleno y no de la dupla médico-jurista, como en principio establece el procedimiento estándar. No obstante, tanto la instrucción judicial como las valoraciones de la Fiscalía sugirieron que el protocolo seguido respondió a las particularidades del caso y no incurrió en actos ilícitos.

Fuentes del Ministerio Público citadas por Europa Press enfatizaron la carencia de pruebas para sostener la acusación de prevaricación o falsedad documental en la actuación de los dos profesionales. La solicitud oficial de archivo implica que, para la Fiscalía, no existe una base legal sólida para imputaciones penales en relación con la intervención del Comité.

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya acompañó la valoración de que no había irregularidades, reforzando el argumento de que la decisión fue adoptada siguiendo la ley vigente. La documentación recabada, tras la admisión a trámite de la querella, se empleó para valorar desde una perspectiva penal todos los hechos e informes asociados al caso.

De acuerdo con Europa Press, la actuación de los expertos y la posterior resolución han quedado amparadas por la normativa y por la validación judicial en distintas instancias. En consecuencia, la solicitud de la Fiscalía busca cerrar un procedimiento al que, según el Ministerio Público, no corresponde atribuir responsabilidad penal alguna a los miembros del Comité que autorizaron la eutanasia practicada a la joven Noelia.