Amnistía Internacional alerta del riesgo de "represión" en el Mundial y pide a los anfitriones garantizar los DDHH

El informe más reciente de Amnistía Internacional señala que sólo cuatro de las dieciséis ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA han publicado hasta el momento sus planes relacionados con derechos humanos, y ninguna de ellas aborda la protección ante eventuales prácticas abusivas contra personas migrantes. En ese contexto, la organización advierte que aún existe margen para el cambio, pero exige compromisos claros por parte de los gobiernos, la FIFA, las federaciones y los patrocinadores para resguardar a todos los participantes en el evento deportivo más importante de 2026. Según Amnistía Internacional, la cita mundialista podría convertirse en un escenario para la represión y servir de plataforma a prácticas autoritarias si los países anfitriones no ajustan su conducta a los estándares internacionales de derechos humanos.

De acuerdo con el reporte publicado por Amnistía Internacional, las ciudades anfitrionas han experimentado recientes prácticas de represión, especialmente en Estados Unidos, donde el uso de las agencias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha incrementado la preocupación por los derechos de migrantes y refugiados. La organización destaca que, en 2025, las autoridades estadounidenses han deportado a más de 500.000 personas, cifra que supera en casi ocho veces la cantidad de asistentes previstos para la final en el Estadio MetLife.

El director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, Steve Cockburn, expuso que estas deportaciones y detenciones masivas han sido posibles mediante la reducción de las garantías de debido proceso, afectando derechos fundamentales como la libertad y la seguridad de cientos de miles de personas migrantes. Según lo consignado por Amnistía Internacional, esto ha provocado la fragmentación de comunidades y ha instalado un clima generalizado de temor, que podría extenderse a quienes planean asistir o participar en las celebraciones futbolísticas.

El medio Amnistía Internacional detalló que ciudades como Dallas, Houston y Miami han firmado acuerdos para que las fuerzas locales de seguridad colaboren con ICE. La ONG advierte que esto genera un aumento en el uso de perfiles raciales y en la vulnerabilidad de los colectivos inmigrantes. Además, resalta la preocupación ante la falta de garantías tanto por parte de la FIFA como de las autoridades nacionales respecto al resguardo de la afición y de las comunidades locales frente a prácticas como la utilización de perfiles étnicos, redadas al azar o detenciones arbitrarias.

En relación con las respuestas institucionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, federalizó y desplegó en junio de 2025 cerca de 4.000 miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles, en reacción a protestas contra operativos de inmigración, según informó Amnistía Internacional. La organización pone de relieve que esta dinámica de despliegue militar y policial compromete riesgos adicionales para quienes buscan ejercer derechos como la protesta o la simple asistencia a eventos públicos.

En el caso de México, la ONG subraya que el gobierno ha movilizado unos 100.000 agentes de seguridad, incluidos efectivos militares, en respuesta a los elevados índices de violencia. Amnistía Internacional indica que estas condiciones pueden aumentar el riesgo para manifestantes y otros sectores sociales. El informe cita, por ejemplo, el caso de mujeres activistas mexicanas que planean una protesta pacífica en el partido inaugural del Estadio Azteca, con el objetivo de exigir verdad, justicia y reparación para familiares desaparecidos.

Según consignó Amnistía Internacional, la situación también afecta al colectivo LGTBIQ, que requiere garantías adicionales para evitar discriminación, hostigamiento o abusos durante el desarrollo de la Copa Mundial. La ONG recomienda que la protección de estos grupos sea prioritaria en la agenda de autoridades y organizadores.

A partir del análisis difundido por el medio, Amnistía Internacional exige que se asegure el derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica en todos los países anfitriones, tanto en el interior como en los alrededores de los estadios y entornos vinculados al torneo. Entre las recomendaciones urgentes planteadas se encuentran la prohibición de la intervención de fuerzas armadas en tareas de seguridad civil, la protección activa del trabajo de los medios de comunicación y la implementación de protocolos claros para prevenir redadas indiscriminadas, perfiles étnicos, detenciones masivas, y deportaciones no justificadas, sobre todo en Estados Unidos.

Amnistía Internacional también demanda que se revoquen las prohibiciones de viaje consideradas discriminatorias para el ingreso a territorio estadounidense y que se adopten medidas eficaces para la protección de aficionados y miembros de la comunidad LGTBIQ. Según los portavoces de la organización, la responsabilidad de velar por estos derechos no corresponde únicamente a los gobiernos nacionales, sino que involucra a la FIFA, las federaciones nacionales y los patrocinadores, quienes, por su papel y su influencia, pueden incidir en que los derechos de aficionados, jugadores, periodistas, trabajadores y comunidades locales estén resguardados durante el desarrollo del torneo.

El informe difundido por Amnistía Internacional subraya que “la belleza del fútbol no puede quedar empañada por riesgos de abuso de derechos humanos” y recalca que la actual edición de la Copa Mundial se aleja de la clasificación original de “riesgo medio” otorgada por la FIFA, dada la magnitud de los desafíos actuales en materia de garantías legales y el contexto de políticas migratorias y de seguridad. La organización sostiene que es fundamental que ningún evento, sede o concentración de la Copa sirva como pretexto para operativos de inmigración o acciones gubernamentales que excedan el marco del respeto a los derechos y libertades.

En conclusión, el informe de Amnistía Internacional visibiliza los riesgos existentes en la región de América del Norte de cara a la realización del torneo y reclama la adopción urgente de medidas para asegurar el respeto pleno de los derechos fundamentales de todos los involucrados en la competición.