Buenos Aires, 27 mar (EFE).- La decisión de un tribunal de apelaciones de Nueva York de revocar este viernes la sentencia que obligaba a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) marca el último capítulo de una prolongada disputa judicial iniciada tras la expropiación de la compañía en 2012.
La nacionalización de YPF fue dispuesta por el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y aprobada por el Parlamento en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51 % de la petrolera, que estaba en manos de la española Repsol.
La medida fue llevada adelante por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Repsol fue compensada con unos 5.000 millones de dólares. El origen del litigio radica en la decisión de no aplicar el artículo 7 del estatuto, que exigía a quien superara el 15 % de participación realizar una oferta pública de adquisición (OPA) dirigida al resto de los accionistas.
El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando la firma británica Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.
Burford Capital y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.
El Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) intentó que el caso se trasladara a los tribunales de Argentina, argumentando que el litigio debía resolverse ante la justicia local pero la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó ese planteo y confirmó la competencia de los tribunales de Nueva York.
La jueza Loretta Preska falló a favor de los fondos de inversión y ordenó el pago en 2023, y dos años después, también falló que Argentina cediera a las firmas litigantes su participación del 51 % en la petrolera.
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York aceptó una petición de emergencia presentada por Argentina en julio de 2025 para suspender el proceso de descubrimiento de pruebas con miras a cumplir con la orden de pagar que emitió la jueza.
Argentina reclamó en su apelación que la sentencia de Preska ordenándole pagar y las resoluciones previas se fundamentaron, entre otros motivos, en interpretaciones erróneas del derecho argentino.
Este viernes, el Tribunal de Apelaciones le dio la razón: "Sostenemos que las reclamaciones de los demandantes por daños y perjuicios derivados de incumplimiento contractual contra la República no son admisibles en virtud de los códigos civiles y el derecho público de Argentina que rigen la expropiación; en consecuencia, revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes respecto de dichas reclamaciones".
YPF, controlada por el Estado argentino y cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina. EFE
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