La inmigración impulsa el crecimiento en España sin perjudicar empleo ni salarios, según Instituto Santalucía

Las estimaciones macroeconómicas recientes atribuyen cerca del 47% del crecimiento acumulado en España entre 2022 y 2025 a la incorporación de población extranjera, con 4,2 puntos porcentuales de aumento del Producto Interior Bruto derivados directamente de la inmigración. En ese contexto, el informe 'Análisis de algunos efectos económicos de la inmigración en España' publicado por el Instituto Santalucía señala que la llegada de inmigrantes ha constituido un factor decisivo en el avance económico del país, sin efectos negativos significativos sobre el empleo ni los salarios de la población nativa.

Según detalló el Instituto Santalucía, la inmigración se ha consolidado como un elemento estructural en la economía española y ha contribuido de manera relevante a la creación de empleo y al fortalecimiento del mercado de trabajo. La principal vía de impulso económico identificada radica en el incremento de la oferta laboral, que ha permitido sostener el crecimiento en los últimos años y responder a la demanda de mano de obra en distintos sectores.

El estudio repasado por el Instituto Santalucía no encuentra evidencias de que la inmigración haya provocado daños significativos en las condiciones laborales de los trabajadores españoles. Las conclusiones precisan que los efectos de competencia se concentran en grupos concretos, en particular entre los jóvenes con escaso nivel de cualificación. Según el informe, estos grupos pueden experimentar ajustes en sus trayectorias profesionales que incluyen movilidad laboral o desplazamientos geográficos, motivos por los que el informe sugiere complementar la política migratoria con recursos de formación, orientación laboral y apoyo a la movilidad.

El Instituto Santalucía también aborda el impacto fiscal de la inmigración en España, considerándolo en promedio modesto. El saldo fiscal de la población inmigrante depende de factores como la edad, el nivel de ingresos y la situación en el mercado de trabajo. Los expertos subrayan que la integración temprana en el empleo formal eleva la contribución de los migrantes a las cuentas públicas, aspecto que podría optimizarse a través de procesos de regularización, que incrementan la formalización del empleo y la recaudación tributaria sin perjudicar el mercado laboral nativo. Esta estrategia, según el informe, además permite reducir el peso de la economía sumergida.

En el apartado sobre la utilización de servicios públicos, el informe difundido por el Instituto Santalucía concluye que la población inmigrante recurre en términos generales a la atención primaria de salud en niveles similares o inferiores a los de la población nacida en España, utilizando con menor frecuencia los servicios especializados. Esta diferencia se atribuye a la existencia de posibles barreras de acceso dentro del sistema sanitario.

Respecto a la relación entre inmigración y criminalidad, el informe del Instituto Santalucía descarta la vinculación de la llegada de inmigrantes con incrementos agregados de la delincuencia. El documento observa que durante los periodos en los que se registraron fuertes flujos de población extranjera no se produjo un aumento proporcional en la tasa de criminalidad en el conjunto del país.

El documento identifica algunos retos a futuro, como la necesidad de simplificar y acelerar los procesos de homologación de títulos extranjeros, con el objetivo de favorecer la plena integración laboral de las personas inmigrantes. Además, el informe remarca la importancia de fortalecer los mecanismos de transición laboral dirigidos a los trabajadores nativos que pudieran verse afectados por la competencia en segmentos laborales específicos. Otra recomendación del Instituto Santalucía es la mejora de la coordinación de las políticas migratorias en el ámbito europeo, con la finalidad de gestionar de manera más eficiente los flujos migratorios y sus impactos en los mercados laborales.