La asignación para familias con hijos o menores con discapacidad reconocida igual o superior al 65% tendrá en 2026 un valor anual de 5.962,80 euros, y para aquellos con discapacidad igual o superior al 75%, la cifra ascenderá a 8.942,40 euros, lo cual representa un incremento del 2,7%. Según informó Europa Press, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto que habilita el desarrollo reglamentario de la subida de pensiones públicas del sistema de la Seguridad Social para el año 2026, medida ya convalidada por el Congreso de los Diputados.
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subrayó durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que esta decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas ante las incertidumbres ocasionadas por conflictos internacionales, concretamente por la situación actual en Oriente Medio. Saiz remarcó que, independientemente de la evolución del contexto internacional, los beneficiarios mantendrán su capacidad económica, según consignó Europa Press.
El nuevo decreto establece una actualización del 2,7% para las pensiones contributivas y de clases pasivas con efectos retroactivos desde el 1 de enero. También detalla un aumento superior al 7% para las pensiones mínimas, cifra que asciende hasta un 11,4% en el caso de pensiones con cónyuge a cargo, viudedad con cargas familiares, pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Europa Press detalló que cerca de 9,4 millones de personas que perciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, junto a los más de 734.000 integrantes del Régimen de Clases Pasivas del Estado, se beneficiarán de la subida del 2,7% de sus prestaciones. A partir de este incremento, una pensión media de jubilación contará con aproximadamente 570 euros adicionales al año, calculó el Ministerio de Inclusión. De manera similar, la pensión media de todo el sistema crecerá cerca de 500 euros anuales.
En cuanto a las pensiones mínimas, Europa Press reportó que subirán más del 7% (+7,07%) para 2026. Según el decreto aprobado, las de vejez e invalidez del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) también experimentarán ese ajuste, lo que llevará las no concurrentes a 599,60 euros mensuales y las concurrentes a 582,10 euros mensuales.
El importe anual mínimo para los titulares de jubilación con 65 años o más residentes en hogares unipersonales pasará a 13.106,80 euros en 2026, frente a los 12.241,6 euros de 2025. Si el titular tiene cónyuge a cargo, la pensión mínima alcanzará los 17.592,40 euros, por encima de los 15.786,4 euros contemplados en el año anterior.
Respecto al ajuste para las pensiones no contributivas y el IMV, el Gobierno definió un incremento del 11,4%, según el nuevo real decreto. Además, el tope máximo para las pensiones se fijará en 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 euros anuales. La base máxima de cotización, por su parte, llegará a 5.101,2 euros mensuales en 2026, lo que representa un incremento del 3,9%.
La ministra Saiz recordó que la política de actualización de las pensiones permitió en 2023 que los beneficiarios no se vieran afectados por el alza de precios tras la invasión rusa de Ucrania, y afirmó que la intención del Ejecutivo es continuar tomando medidas que preparen a la sociedad frente a escenarios adversos. Según afirmó Saiz, “el Gobierno toma decisiones en conjunto que nos preparan más y mejor ante cualquier escenario”.
El decreto aprobado incluye disposiciones para las asignaciones familiares, de modo que la ayuda por hijo a cargo o menor con determinados grados de discapacidad alcance hasta 8.942,40 euros anuales en los casos reconocidos de un 75% o superior. Todas estas medidas buscan garantizar, de acuerdo con el análisis presentado por el Ministerio de Inclusión y reportado por Europa Press, que ningún pensionista vea deteriorada su capacidad de consumo frente a una eventual crisis inflacionaria o a los retos que planteen los acontecimientos internacionales.
La certeza jurídica y la actualización anual de las pensiones han sido identificadas por el Gobierno, según destacó Europa Press, como herramientas clave para ofrecer seguridad y estabilidad a los beneficiarios. Las nuevas referencias numéricas y los incrementos reglamentados orientan la política social del Ejecutivo hacia la protección y mejora de las condiciones económicas de los sectores más vulnerables, como jubilados, personas con discapacidad y familias perceptoras de ingresos mínimos.
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