El Defensor del Pueblo recibió 38.144 quejas de los ciudadanos en 2025, 3.742 más que en 2024

Los expedientes tramitados por el Defensor del Pueblo ascendieron a 38.762 en 2025, un aumento de 4.133 respecto al año anterior, según consignó el Informe Anual entregado este martes por Ángel Gabilondo, titular de la institución, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Estas cifras reflejan un incremento de las gestiones, derivadas principalmente de quejas ciudadanas acerca de ámbitos clave como justicia, protección social, mercado laboral, migraciones, asuntos de Interior, educación y sanidad. El medio detalló que el documento oficial será sometido el 9 de abril a Pedro Rollán, presidente del Senado, en el Palacio del Senado.

Según publicó la fuente, el Defensor del Pueblo recibió 38.144 quejas de particulares a lo largo de 2025, lo que representa 3.742 más que las registradas en 2024, cuando se contabilizaron 34.402. Las reclamaciones se centraron en mayor medida en áreas que afectan la vida cotidiana y derechos fundamentales, resaltando preocupaciones sobre la administración de Justicia, el sistema de Seguridad Social, el mercado laboral, las políticas migratorias, la protección y promoción social, así como la gestión de asuntos de Interior, la educación y el sistema sanitario.

En el informe presentado, se especifica que de los 38.762 expedientes abiertos, 38.144 correspondieron a quejas de los ciudadanos, 253 a actuaciones de oficio y 365 a solicitudes para que el Defensor interpusiera recursos ante el Tribunal Constitucional sobre 16 normativas diferentes. Esta diversidad en los trámites pone de manifiesto la amplitud de temas y la relevancia que los ciudadanos otorgan a la intervención del Defensor del Pueblo en asuntos legislativos y ejecutivos.

De acuerdo con la información consolidada, de los procedimientos llevados a cabo por la institución, se derivaron 2.059 resoluciones que se dirigieron tanto a la Administración General del Estado como a instancias autonómicas y locales. La composición de estas resoluciones incluye 721 recomendaciones a las administraciones, 788 sugerencias y 550 recordatorios sobre el cumplimiento de deberes legales. Cada uno de estos instrumentos persigue reforzar o mejorar la respuesta institucional a las demandas o reclamaciones trasladadas por la ciudadanía.

El Informe Anual también proporciona un desglose geográfico de las reclamaciones recibidas. Según reportó la fuente, las comunidades autónomas con mayor volumen de quejas siguen siendo Madrid, con 8.766 presentaciones; Andalucía, con 4.374; Cataluña, con 3.702; y la Comunidad Valenciana, con 3.458. Este patrón coincide con la densidad poblacional de estas regiones y evidencia una correlación entre el tamaño de la población y el nivel de interacción con la oficina del Defensor del Pueblo.

El documento certifica que la mayoría de las preocupaciones recogidas en las quejas tienen como trasfondo insatisfacciones o desacuerdos con el funcionamiento de servicios públicos esenciales, la protección de derechos sociales básicos y las condiciones de acceso o gestión por parte de las diversas administraciones públicas.

A través de la entrega de este informe, el Defensor del Pueblo reafirma su papel como canalizador de demandas sociales y como intermediario entre la ciudadanía y los poderes públicos. El proceso de entrega ante la presidenta del Congreso y la posterior remisión al presidente del Senado subraya el procedimiento institucional para la rendición de cuentas y el seguimiento efectivo de las problemáticas puestas de manifiesto a través de las quejas y los expedientes tramitados.

Según se desprende del contenido presentado, la pluralidad temática de las quejas incorpora tanto casos individuales como cuestiones de interés general que abren espacio para la revisión, modificación o intervención sobre políticas públicas. La institución mantiene como objetivo principal velar por el correcto funcionamiento de la administración y la protección de los derechos fundamentales, tal como refleja el aumento continuo de las reclamaciones y la respuesta formal a través de resoluciones y sugerencias públicamente documentadas.

El informe también muestra que las actuaciones de oficio y las solicitudes de recurso ante el Tribunal Constitucional, si bien representan una proporción menor respecto al volumen de quejas ciudadanas, juegan un papel específico en la supervisión y el control de la legalidad de normativas de alcance estatal o autonómico que, según los ciudadanos o la propia institución, podrían vulnerar derechos constitucionales.

A la luz de este informe, la oficina del Defensor del Pueblo mantiene su rol de vigilancia y mediación en el marco institucional, situándose a la vez como termómetro de la confianza ciudadana en la administración pública y mecanismo directo para el ejercicio de los derechos civiles. Las cifras recogidas y la distribución geográfica de los expedientes ilustran cómo la ciudadanía recurre a la institución como vía para plantear necesidades, denunciar omisiones o reclamar mejoras en la gestión de los principales servicios públicos de España.