Nairobi, 24 mar (EFE).- Amnistía Internacional (AI) alertó este martes que durante 2025 se produjeron 125 muertes en Kenia a manos de la policía, un 20 % más que en 2024, y seis casos de desapariciones forzadas, en un contexto marcado por el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones y obstáculos para la rendición de cuentas.
Según el informe anual de Missing Voices, una coalición de organizaciones de derechos humanos de la que AI forma parte, el año pasado se registraron 131 incidentes de violencia policial en los que el 54 % se concentraron en junio y julio, en coincidencia con las protestas antigubernamentales de la llamada “Generación Z” y las movilizaciones del “Saba Saba”.
Los hombres entre 19 y 35 años tienen más probabilidades de morir a manos de la policía que las mujeres de la misma edad, ya que el 90 % de las víctimas de homicidios policiales eran varones.
“Hay menos indignación y críticas hacia la policía cuando mueren hombres, lo que facilita que los agentes con gatillo fácil maten a hombres en comparación con las mujeres”, remarcó el informe.
Por zonas geográficas, la capital keniana, Nairobi, se mantiene como el epicentro de las muertes por la acción policial, con 32 casos, seguida del condado de Kiambu (centro).
Aunque el informe destacó una caída significativa en las desapariciones forzadas —de 55 casos en 2024 a solo seis en 2025—, advirtió de que estos delitos siguen ocurriendo y podrían estar vinculados especialmente a operaciones relacionadas con protestas.
Uno de los principales problemas señalados es la impunidad, debido a que “la Autoridad Independiente de Supervisión Policial (IPOA) está infrafinanciada y con tiene poco personal, lo que genera una acumulación de casos y demoras”. Por esta razón, las familias desisten de denunciar los casos.
“Los testigos se muestran reacios a denunciar los casos debido a la falta de servicios de protección y a la desconfianza generalizada hacia el sistema de justicia penal. En Kenia no existe ninguna ley que tipifique como delito la desaparición forzada, lo que dificulta que las familias obtengan justicia”, agregó el informe.
Entre las recomendaciones de Missing Voices, destaca la necesidad de criminalizar la desaparición forzada, ya que no existe un marco legal en Kenia, así como garantizar la identificación de los agentes de policía, obligarles a usar siempre su uniforme, una placa visible y vehículos oficiales rotulados para evitar que “actúen en la impunidad desde el anonimato”.
En lo judicial, el documento hace hincapié en agilizar los procesos judiciales con cronogramas realistas para convertir su gestión en una práctica estándar al momento de tratar casos de ejecuciones y desapariciones, al igual que el pago de reparaciones e indemnizaciones a las familias de las víctimas.
“En Kenia y otros países, el autoritarismo avanzó a través del derecho, la tecnología, el comercio y la diplomacia en 2025”, afirmó el director de AI en Kenia, Irungu Houghton, en el documento.
Houghton definió el autoritarismo como “un fracaso de la gobernanza” que socava los derechos humanos, el estado de derecho, la soberanía nacional y la continuidad de las empresas.
“Ningún ser humano debería desaparecer ni morir bajo custodia o en nuestras calles sin justicia. Ningún gobierno debería sacrificar derechos en secreto por intereses políticos o comerciales”, afirmó. EFE
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