Más de un 54% de ciudadanos italianos rechazan la reforma judicial de Meloni, según resultados preliminares

Las críticas hacia el sorteo para la selección de algunos miembros del Consejo Superior de la Judicatura ocuparon un lugar central en el análisis del resultado de la consulta popular, principalmente porque detractores del Gobierno señalaron que este mecanismo podría comprometer la legitimidad y neutralidad de dicho órgano. Según informó el Ministerio del Interior italiano, el cierre de los centros de votación el lunes a las 15:00 horas (hora local) marcó el fin del referéndum en el que se preguntó a la ciudadanía si apoyaba la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo de la primera ministra Giorgia Meloni. Los datos preliminares reflejan una amplia respuesta en contra: el 54,54% de los electores optó por el rechazo de la propuesta gubernamental, frente a un 45,69% que votó a favor, con una participación del 58,51% durante los dos días habilitados para la consulta, informó el medio.

Tal como publicó el Ministerio del Interior y difundieron diversos medios italianos, la votación giró en torno a una iniciativa para modificar varios artículos fundamentales de la Constitución —específicamente los artículos 87, 102, 104, 105, 106, 107 y 110— en relación a la estructura y funcionamiento del sistema judicial. La reforma contemplaba, entre otras medidas, la creación de consejos superiores de la judicatura separados para jueces y fiscales, con funcionamiento autónomo, y un nuevo consejo disciplinario común para magistrados, con el propósito de abordar problemáticas históricas como el “faccionalismo”.

El medio detalló que uno de los focos más controvertidos resultó ser el sorteo parcial de miembros del Consejo Superior de la Judicatura, composición que incluye 33 integrantes: 20 elegidos por los propios magistrados y 10 designados por el Parlamento. De acuerdo con el planteamiento gubernamental, el sorteo buscaría garantizar la neutralidad de los seleccionados, alejando la elección de posibles intereses corporativos o alianzas internas. Sin embargo, sectores opositores expresaron preocupación porque esta metodología sustituiría la representatividad tradicional sin asegurar verdadera imparcialidad, propiciando una disparidad significativa entre los consejeros elegidos por vías políticas y los provenientes del cuerpo judicial, quienes, según argumentaron, quedarían expuestos a influencias externas.

La reforma también proponía la separación definitiva de las carreras de jueces y fiscales. Bajo el modelo actual, la posibilidad de pasar de un puesto a otro está limitada a una ocasión y solo durante los primeros diez años de carrera, condicionada además a un cambio de distrito judicial o región. Según consignó el medio, la oposición sostiene que el sistema vigente ya prevé mecanismos efectivos para preservar la imparcialidad y que la propuesta de cambio responde a un problema inexistente en la práctica.

Distintas voces expresaron que convertir a los fiscales en un órgano autónomo, dotado de su propio consejo superior, podría modificar de manera relevante la relación entre jueces y fiscales, tradicionalmente caracterizada por una cultura profesional compartida. Esto, a juicio de los críticos recogidos por el medio, podría desencadenar una asimilación de los fiscales a figuras policiales orientadas únicamente a la obtención de condenas y detenciones, alejándose del enfoque judicial equilibrado.

Entre otros argumentos, la oposición señaló que la reforma incrementaría la burocracia y los costes administrativos del sistema judicial, al transferir funciones que hoy desempeña un solo organismo a tres entidades distintas. Según publicó el medio, esta fragmentación se consideró incapaz de resolver las actuales ineficiencias, y al contrario, introduciría nuevas dificultades operativas.

Quienes rechazan la iniciativa también pusieron en duda la pertinencia del referéndum como instrumento, ya que la separación de las carreras judiciales podría haberse acometido vía ley ordinaria, sin necesidad de reforma constitucional y consulta popular. Según reportó el medio, la consulta fue un referéndum confirmatorio, modalidad que no exige cumplir con un mínimo de participación para dar validez al resultado.

En el trasfondo de la votación se encuentra la génesis parlamentaria de la reforma. El texto de la iniciativa, promovido originalmente por Silvio Berlusconi durante su mandato al frente del Gobierno tras el caso ‘Manos Limpias’, ya había recibido el visto bueno de las cámaras en octubre de 2025. No obstante, al tratarse de una reforma constitucional y no haberse alcanzado en su momento la mayoría cualificada de dos tercios, la legislación requería ser ratificada por la ciudadanía mediante consulta popular, tal como marca la Carta Magna italiana.

El debate sobre el futuro del poder judicial en Italia ha exhibido profundas divisiones. De acuerdo con el medio, defensores de la reforma argumentaron la necesidad de limitar la cultura de facciones en el aparato judicial e incrementar la transparencia y la autonomía. Por su parte, opositores advierten que los ajustes propuestos podrían traducirse en mayor politización, vulnerar garantías de imparcialidad y acentuar los riesgos asociados a la fragmentación institucional. La votación, dada la alta participación y el resultado claro, deja abierto el interrogante sobre los próximos pasos del Gobierno respecto a posibles ajustes o nuevas propuestas para la administración de justicia en el país.