
En el caso de bandas terroristas disueltas como ETA, la cooperación policial y judicial en el ámbito europeo continúa enfocada en la responsabilidad individual y la investigación de hechos pasados. Según publicó Europa Press, el Gobierno ha especificado que, aunque ETA dejó de estar activa en 2011 y anunció su disolución definitiva en 2018, los mecanismos de colaboración internacional permanecen plenamente operativos para la investigación de casos no resueltos relacionados con la organización.
El Ejecutivo español ha reiterado que ETA y otras agrupaciones relacionadas siguen incluidas en la lista de entidades terroristas definida por la Unión Europea para la aplicación de medidas de cooperación en asuntos penales, prevención y combate del terrorismo, así como en la asistencia judicial transfronteriza, según recogió Europa Press. Además, el Ministerio del Interior ha detallado que no se ha promovido modificación alguna de este listado ante los órganos europeos.
En una respuesta parlamentaria al diputado de UPN Alberto Catalán, recogida por Europa Press, el Gobierno ha sostenido que la lista de grupos y personas bajo vigilancia europea permanece vigente desde su creación en 2001. Esta contestación aclara que el Ministerio del Interior no ha llevado a cabo ninguna acción para solicitar cambios en la posición de ETA dentro de los registros europeos. La respuesta asegura que la estructura que da soporte al control y la vigilancia de estas entidades sigue funcionando y no ha experimentado alteraciones.
Europa Press detalló que existen dos listas relacionadas con la calificación de organizaciones y personas como terroristas en el marco de la Unión Europea. La primera y más conocida, creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, contiene actualmente 23 organizaciones y 13 personas. Los individuos y entidades sancionadas en esta lista enfrentan medidas como la prohibición de viajar por Europa, la congelación de activos y la limitación del acceso a fondos u otros recursos económicos. Esta relación es sometida a revisión y posible actualización dos veces al año por el Consejo de la Unión Europea. La actualización más reciente, realizada en febrero, incluyó a la Guardia Revolucionaria de Irán.
En lo relativo a ETA, según precisó Europa Press, la agrupación no figura en la lista de organizaciones sancionadas, ya que no se considera activa conforme a los criterios actuales. Sin embargo, permanece en un anexo específico, vinculado a la Posición Común europea 2009/468/PESC, que sigue vigente aunque no se actualiza desde 2009. A este anexo se refirió el Gobierno en su comunicación oficial, subrayando que se mantiene la cooperación policial y judicial en asuntos relacionados con responsabilidades individuales y hechos cometidos en el pasado.
El Ejecutivo también remarcó el compromiso con las víctimas de quienes participaron en actividades ligadas a organizaciones ahora disueltas. Según la información transmitida, la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas continúan como una prioridad en la acción institucional, más allá de la permanencia o actualización de determinados listados de la Unión Europea.
Europa Press indicó que la respuesta parlamentaria del Gobierno pone de manifiesto que los esfuerzos actuales en la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea se orientan a las amenazas hoy existentes, aunque las estructuras jurídicas e institucionales para el seguimiento y investigación de crímenes del pasado siguen activas en lo que respecta a organizaciones como ETA. La atención se centra principalmente en mantener la cooperación internacional y garantizar el respaldo a las víctimas, cumpliendo con los acuerdos europeos vigentes.
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