
La ampliación automática de los contratos de alquiler hasta dos años para quienes enfrentan la finalización de sus contratos entre el 21 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027 es una de las medidas que, según ha señalado Yolanda Díaz, podrían resultar afectadas si no se convalida el Real Decreto-ley de vivienda en los próximos 30 días. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, advirtió que el plazo para la convalidación de la norma finalizará dentro de un mes, mientras la prórroga seguirá aplicándose hasta entonces.
Según informó Europa Press, Díaz dirigió un mensaje directo al Partido Popular, Vox y Junts, calificando sus posiciones como “clasistas y racistas”, y urgió a estas formaciones a evitar el eventual bloqueo del decreto que permite la extensión de los alquileres. La ministra explicó que rechazar la ratificación del decreto podría revertir la medida que protege a quienes actualmente pueden limitar la subida de sus rentas. De acuerdo con la información recogida por el medio, Díaz manifestó que la ciudadanía que reúna los requisitos debería solicitar la prórroga para conservar las condiciones actuales de sus contratos, pues en caso contrario se expone a subidas que podrían alcanzar hasta un 50%, en lugar del tope del 2% impuesto por la nueva regulación.
De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Díaz subrayó: “Porque si no es así, le pueden revalorizar su contrato de arrendamiento a un precio, no del 2%, sino del 20%, del 30%, del 40% o de hasta el 50%, como están pasando en todas las ciudades de mi país. Por tanto, le pido a la ciudadanía que está en estas condiciones que inste la prórroga”. En esa línea, la vicepresidenta también hizo un llamamiento a los sindicatos, asociaciones de inquilinos, organizaciones ecologistas, feministas y a todas las formaciones políticas, para que promuevan la movilización social en defensa de esta medida, y rechazó lo que calificó como un posible acto de “indecencia” si la norma fuese derogada a falta de su convalidación transcurridos los 30 días.
El medio Europa Press detalló que la ministra advirtió a las fuerzas políticas a las que identificó como “las tres derechas”, en referencia a PP, Vox y Junts, sobre las consecuencias políticas de bloquear la normativa de vivienda. Díaz afirmó: “El proyecto de las tres derechas, que hay una transmutación en las mismas, no sólo es racista, que lo es, es que es clasista. PP, Junts y Vox tienen que explicar por qué hacen daño a la ciudadanía en nuestro país”. Además, insistió en que la tramitación parlamentaria permitiría la negociación y modificación de articulados específicos si existieran desacuerdos, pero recalcó que la oposición no tiene que ver con el contenido, sino con una visión política que, en palabras de la ministra, consideró “destructiva”.
El Real Decreto-ley de vivienda aprobado el pasado viernes incluye la prórroga extraordinaria y automática de hasta dos años para todos los contratos de alquiler cuya finalización estuviera prevista entre el 21 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027. La medida busca mitigar el incremento de los precios y garantizar estabilidad a los inquilinos, en un contexto que Díaz relacionó con la situación derivada de la guerra. Según publicó Europa Press, la ministra defendió que durante el periodo de vigencia de la norma, los contratos podrán beneficiarse de la limitación en el aumento de las rentas, y exhortó a la ciudadanía a solicitar la prórroga para evitar condiciones más gravosas.
Europa Press consignó que la vicepresidenta, en sus declaraciones, reiteró la necesidad de que la sociedad se sume a la defensa de estas medidas, y advirtió que la votación decisiva sobre el futuro del decreto de alquiler tendrá lugar al concluir el plazo de un mes otorgado para su convalidación parlamentaria. Díaz aseguró que la negativa de PP, Vox y Junts a convalidar la norma tendría un impacto directo sobre quienes se acogen a la prórroga, “les saldrá caro”, afirmó, y recalcó la importancia de posicionarse en defensa de los intereses ciudadanos en el ámbito del acceso a la vivienda.
De este modo, según informó Europa Press, el Ejecutivo considera la convalidación del Real Decreto-ley de vivienda como una cuestión prioritaria para mantener la protección a los inquilinos frente a subidas elevadas en los alquileres y para frenar dinámicas que, a juicio de Díaz, suponen un perjuicio social generalizado.
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