LaLiga supera las 2.000 sentencias condenatorias contra establecimientos HORECA en su lucha antipiratería

El impacto económico de la piratería en España, estimado entre 600 y 700 millones de euros en pérdidas anuales, ha motivado acciones sostenidas para impedir la distribución ilegal de contenidos deportivos en establecimientos de hostelería. Según informó LaLiga, desde la temporada 2018-19, se han promovido medidas judiciales que derivaron en más de dos mil sentencias condenatorias contra hoteles, restaurantes y cafeterías, en una ofensiva que busca frenar la transmisión no autorizada de partidos de fútbol y proteger la integridad económica del sector.

De acuerdo con LaLiga, las acciones legales comenzaron a desplegarse de manera sistemática durante los primeros meses de 2019. Desde entonces, la organización ha afirmado que obtiene una media de casi una sentencia condenatoria al día contra locales del segmento HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) por emitir partidos de manera fraudulenta. Esta campaña está orientada tanto a resguardar los intereses del propio fútbol profesional como a defender a los negocios que cumplen con las normativas de derechos audiovisuales, así como a los aficionados que consumen estos contenidos.

LaLiga detalló a través de un comunicado que, en la actualidad, permanecen en fase de instrucción 317 procesos judiciales relacionados con la piratería en establecimientos, mientras que 488 casos aún esperan fecha para juicio oral. Estas cifras reflejan la dimensión del problema y la magnitud del operativo judicial desarrollado durante los últimos años. Según la misma fuente, el auge de la distribución ilícita ha implicado no solo perjuicio económico directo para los titulares de los derechos de transmisión, sino también afectaciones a toda la cadena del deporte, incluyendo al Consejo Superior de Deportes (CSD), la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el fútbol base y femenino, así como a los ingresos fiscales derivados de la actividad.

En paralelo a la vía judicial, LaLiga implementó diversas iniciativas dirigidas al sector HORECA con el objetivo de fomentar el consumo legal de contenidos deportivos. Entre los programas destacados se encuentra “LaLiga Bares”, diseñado como una comunidad exclusiva para hosteleros que buscan cumplir con la normativa y competir en igualdad de condiciones. Este programa promueve la fidelización y pone al alcance de los negocios recursos para acceder a retransmisiones legítimas.

Otra herramienta promovida por la organización es un canal de denuncias de carácter anónimo, abierto tanto a propietarios de locales interesados en la competencia justa como a consumidores en general. La finalidad de este canal consiste en facilitar la comunicación de infracciones, recoger información sobre establecimientos que emiten partidos sin autorización y contribuir a una mayor vigilancia de la legalidad en la difusión de contenidos deportivos. Además, en enero, LaLiga introdujo un plan de gratificaciones del que no trascendieron detalles en el comunicado, orientado a intensificar la colaboración de los diversos actores involucrados en la industria.

La estrategia de LaLiga integra medidas de sensibilización dirigidas al público y a los propios negocios, enfatizando la repercusión que tiene la piratería en términos de sostenibilidad para el deporte español y la importancia de que el consumo se realice exclusivamente a través de canales autorizados. Según publicó la organización, durante la temporada 2024-25, el índice de consumo de contenidos deportivos pirateados descendió en un 60% en España, resultado atribuido a este conjunto de acciones judiciales, de prevención y de concienciación social.

Los responsables de LaLiga han manifestado en sus comunicados el compromiso de continuar identificando y actuando contra establecimientos que operen fuera de la legalidad, advirtiendo que las prácticas ilícitas no solo afectan a los derechos de los organizadores y la industria, sino también a la reputación de los negocios y la confianza de los consumidores. La organización sostiene que la colaboración intersectorial es clave no solo para la protección de los derechos audiovisuales, sino también para preservar la igualdad en el acceso económico de los establecimientos y mantener la fortaleza del sistema que financia al deporte profesional, al fútbol base y a otros colectivos vinculados.

Tal como consignó LaLiga, la piratería constituye un desafío con consecuencias en toda la economía deportiva, desde las grandes transferencias de derechos televisivos hasta las inversiones en categorías de formación y desarrollo del fútbol. Las pérdidas calculadas entre 600 y 700 millones de euros incluyen tanto el flujo de ingresos no percibidos por los titulares de los derechos como las aportaciones directas que deja de recibir la administración pública y los órganos deportivos que dependen de estos fondos para sostener programas y competiciones.

LaLiga hace hincapié en que su ofensiva antipiratería no se limita a la aplicación dura de la ley, sino que también incorpora actividades de orientación y formación dirigidas a los empresarios del sector HORECA, presentando alternativas legales para la difusión de partidos y proporcionando información sobre los riesgos y consecuencias asociados al consumo ilegal. La organización concluyó su último balance reafirmando la intención de avanzar y ampliar el alcance de estas iniciativas a corto y medio plazo, con la meta de consolidar el descenso del consumo de contenidos ilícitos y fortalecer un ecosistema competitivo y transparente en la hostelería vinculada al deporte.