La Justicia de EEUU suspende el descubrimiento de activos embargables argentinos por la nacionalización de YPF

El tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos decidió que los titulares de la sentencia que obligaba a Argentina a pagar una compensación financiera tras la nacionalización de YPF no podrán avanzar de inmediato con el proceso de investigación de bienes estatales susceptibles de embargo fuera del territorio argentino. Según publicó Bloomberg, la corte suspendió la orden previa que habría permitido a los fondos afectados indagar sobre activos embargables, como las reservas de oro del Estado, al menos hasta que una instancia judicial federal analice la jurisdicción del caso.

De acuerdo con Bloomberg, los demandantes, quienes recibieron en 2023 una sentencia favorable que les reconocía el derecho a recibir 16.100 millones de dólares (aproximadamente 14.009 millones de euros) por la expropiación de la petrolera, deberán aguardar a que el tribunal federal examine si las cortes estadounidenses tienen capacidad para intervenir en la disputa. El proceso afecta principalmente a los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio de las firmas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, sociedades bajo el grupo Petersen, con sede en España y titularidad del 25% de las acciones de YPF en el momento de la nacionalización.

Bloomberg detalló que la decisión llega tras las dudas planteadas por dos de los tres jueces de la sala de apelaciones sobre si este tipo de controversias corresponde efectivamente a tribunales estadounidenses, teniendo en cuenta las alegaciones de la defensa de Argentina. Buenos Aires ha sostenido desde el inicio de este proceso que la jurisdicción sobre la expropiación de YPF corresponde a la justicia argentina y no a cortes extranjeras, argumentando que la nacionalización se produjo bajo legislación local, tras la aprobación en el Congreso Nacional en 2012, durante el mandato de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska, del tribunal de distrito, consideró que las pretensiones de los demandantes estaban respaldadas, ya que Argentina, tras efectuar la nacionalización de YPF, no promovió una oferta pública de adquisición (OPA) para el resto de los accionistas minoritarios, quienes no pertenecían a la petrolera española Repsol. Como resultado de ese fallo, Preska también mandató que Argentina depositase el 51% de las acciones que controla de YPF en una cuenta segura. No obstante, la administración argentina reiteró que esta medida vulnera la soberanía nacional y no corresponde a los tribunales estadounidenses determinar el destino de esos activos.

El medio Bloomberg consignó que esta suspensión retrasa la posibilidad de identificar y bloquear activos estatales en el extranjero, un instrumento de presión que buscaban emplear los fondos después del fallo indemnizatorio. Para los demandantes, la imposibilidad de avanzar en el descubrimiento de bienes embargables implica una demora considerable para una eventual ejecución de la sentencia.

El presidente de Argentina, Javier Milei, comentó públicamente que la resolución judicial representa un “hito histórico” para el país. Según recogió Bloomberg, Milei declaró por medio de una comunicación oficial que la decisión “refleja también el reconocimiento por parte de la Justicia de Estados Unidos de los sólidos fundamentos que sustentan la posición argentina”, e hizo referencia a los impactos negativos que el caso acarreó para el país, mencionando el “enorme coste económico, jurídico y reputacional”.

El proceso judicial en torno a la nacionalización de YPF se remonta a 2012, cuando el gobierno argentino decidió, mediante una ley aprobada en el Congreso, transferir al Estado el control del 51% de la empresa, que entonces pertenecía mayoritariamente a Repsol. Según reseñó Bloomberg, después de la adquisición de los derechos de litigio por parte de los fondos Burford Capital y Eton Park, la causa llegó a los tribunales estadounidenses en 2025, quienes argumentaron que el Estado argentino tenía la obligación de lanzar una OPA para el resto de los accionistas no controladores, incluyendo el grupo Petersen.

El litigio no solo involucra la indemnización millonaria, sino también el acceso futuro a información sobre activos argentinos en el exterior, lo que podría abrir la puerta a eventuales embargos si la justicia estadounidense valida su jurisdicción. Por el momento, tal como detalló Bloomberg, la corte de apelaciones bloqueó cualquier intento de avanzar en estas pesquisas hasta que se esclarezca la competencia judicial sobre el caso, mientras ambas partes se mantienen a la espera de la revisión federal, con alto impacto potencial en las finanzas públicas y la relación entre Argentina y los mercados internacionales.