El Congreso insta al Gobierno a renunciar ya a la regularización de migrantes, con apoyo de PP, Vox, Junts y UPN

El debate sobre el control migratorio en España registró un nuevo episodio cuando, en medio de la discusión parlamentaria, se recordó que la reciente iniciativa de regularización de migrantes se encuentra respaldada por una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por cientos de miles de firmas ciudadanas, asociaciones de migrantes, sindicatos y organizaciones empresariales. Esta iniciativa, según declaraciones recogidas por Europa Press, contó previamente con el apoyo del Partido Popular (PP) al ser admitida a trámite en el Congreso, aunque la postura de dicha formación ha variado en los últimos dos años, proceso que miembros del PSOE atribuyen a la competencia política con Vox en torno al discurso migratorio.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles una moción presentada por el PP que insta al Ejecutivo a abandonar la regularización extraordinaria de migrantes. Según detalló Europa Press, la propuesta obtuvo el respaldo de 176 diputados (entre ellos los de Vox, Junts y UPN), frente a 172 votos en contra provenientes del PSOE y sus socios de gobierno. Además de pedir la retirada inmediata del procedimiento de regularización, la moción exige la ejecución efectiva de las órdenes de retorno conforme a la normativa vigente, una revisión de los acuerdos migratorios con países terceros para asegurar su cumplimiento y el aseguramiento de la expulsión de extranjeros condenados por delitos graves o reincidentes.

Durante el debate parlamentario, la diputada socialista Elisa Garrido advirtió que el contexto internacional, marcado por conflictos como la guerra en Irán y Siria, aumenta la presión migratoria hacia Europa, aludiendo a que muchas personas buscarán refugio en las fronteras europeas. Garrido argumentó que “lo que existe con la migración es un efecto expulsión”, relacionando estas dinámicas con intervenciones internacionales como las decididas por la administración Trump, según publicó Europa Press. Asimismo, la diputada insistió en que la iniciativa de regularización surgió a partir de una propuesta ciudadana y rechazó la calificación de “regularización masiva”, término que, según afirmó, ha sido promovido por el PP para polarizar el debate y crear un adversario político. Remarcó también que el proceso actualmente en tramitación está alineado con las regulaciones comunitarias europeas.

Desde el PP, la diputada Sofía Acedo defendió la moción reclamando la renuncia inmediata a la regularización extraordinaria, al considerarla una medida “improvisada, profundamente irresponsable y sin garantías”. Según citó Europa Press, Acedo cuestionó la ausencia de una memoria económica y de planificación administrativa para la medida, y criticó que no se contemple la exclusión de quienes tengan antecedentes penales o policiales. Añadió: “Los españoles no vamos a aceptar que ustedes por conveniencia política regularicen a miles de delincuentes en nuestro país”. Según reiteró la diputada, los datos de la Policía apuntan a que la regularización afectaría aproximadamente a 1,3 millones de migrantes externos, sumando reagrupaciones familiares y efectos asociados.

Entre los partidos que apoyaron la moción, distintas formaciones expresaron matices. Junts propuso dos enmiendas a la moción del PP –ninguna fue aceptada–, solicitando que cualquier regularización extraordinaria estuviera sujeta a una evaluación detallada de su impacto y reclamando además el traspaso de competencias a Cataluña para gestionar la inmigración, informó Europa Press. Josep María Cervera, portavoz de Junts, incidió en que cualquier proceso de regularización debe analizarse exhaustivamente para prever sus consecuencias a nivel estatal y autonómico.

Vox también planteó una enmienda –que tampoco fue admitida– cuyo contenido incluía la derogación del vigente Reglamento de Extranjería, el endurecimiento de los procedimientos de expulsión, el incremento de los años requeridos para la obtención de la residencia de larga duración, y el establecimiento de mecanismos que impulsen la reemigración de extranjeros que dependan exclusivamente de ayudas públicas. Ignacio Gil, portavoz de Vox, acusó al Ejecutivo de propiciar una “invasión migratoria” supuestamente responsable de tensiones en vivienda, sanidad, servicios sociales y finanzas públicas, declaró Europa Press.

En contraposición, voces como la de Noemí Santana, parlamentaria de Podemos, defendieron la regularización de quienes “viven, luchan y trabajan” en el país, señalando que “es injusto llamar irresponsabilidad a regularizar personas” que forman parte de la sociedad española. De acuerdo con Europa Press, Santana criticó la actitud del PP, al que acusó de alimentar el discurso del miedo desde Madrid, mientras recurren a solicitar ayuda en el ámbito local.

Otras formaciones como Sumar, representada por Vicenç Vidal, señalaron la existencia de precedentes históricos de regularizaciones en España. Vidal enfatizó que la posición de los ‘populares’ afecta de manera directa a las 600.000 personas que secundaron la ILP y a los colectivos y entidades que respaldaron la propuesta.

En el bloque nacionalista y autonómico, representantes como Jordi Salvador I Duch (ERC) definieron la situación de irregularidad como una “categoría administrativa que fabrica miseria”, subrayando la existencia de una elevada demanda de trabajadores en el país a la que estas personas dan respuesta. Por parte de EH Bildu, Jon Iñarritu expuso que las regularizaciones funcionan como un instrumento para ordenar la realidad social y económica existente, más que como síntoma de las fallas del sistema. Maribel Vaquero, portavoz del PNV, manifestó que la migración constituye una oportunidad para afrontar el reto demográfico nacional, aunque abogó por una gestión ordenada e integral del fenómeno, descartando la solución mediante regularizaciones puntuales. Según recogió Europa Press, Vaquero alertó sobre el carácter estructural de la cuestión migratoria.

Compromís, representada por Àgueda Micó, argumentó que el objetivo de la regularización es el reconocimiento de derechos para las personas extranjeras que residen en España. Mientras tanto, la moción aprobada por mayoría parlamentaria demanda la renuncia inmediata a la regularización extraordinaria e insta al Ejecutivo a reforzar los mecanismos de control migratorio, siguiendo el dictamen aprobado por 176 votos a favor y 172 en contra, consignó Europa Press.

El debate parlamentario queda marcado por la polarización en torno a las estrategias de gestión migratoria, el papel de las iniciativas ciudadanas y la presión de diferentes grupos políticos por orientar las futuras políticas públicas en la materia.