Las escuelas de Colombia han sufrido transformaciones forzosas en campos de batalla, centros de operaciones y puntos de ataque, según ha informado el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC). Estos incidentes, según NRC, han incluido enfrentamientos armados, ocupación militar y sabotaje mediante explosivos en instalaciones educativas. Las consecuencias principales han alcanzado a más de 11.000 personas relacionadas con la docencia, incluidas alumnas, alumnos, docentes y funcionarios.
De acuerdo con el NRC, a lo largo de 2025, al menos 104 escuelas de Colombia, distribuidas en nueve de los 32 departamentos del país, han sido directamente afectadas por el conflicto armado. El medio de comunicación ha consignado que se han registrado 83 ataques que pusieron en riesgo la integridad y la vida de personas vinculadas al entorno educativo. La organización subrayó que el impacto se extiende más allá de la interrupción de las clases, ya que muchas veces estos centros representan el principal lugar donde niñas, niños y jóvenes reciben alimentación diaria, acceso a educación y servicios de salud.
El director del NRC para Colombia, Giovanni Rizzo, ha señalado que es urgente implementar acciones concretas para evitar los asaltos a los establecimientos educativos: “Es una cuestión de vida o muerte que se tomen medidas inmediatas para evitar los ataques directos contra las escuelas, mientras los grupos armados luchan por el control del país”. Rizzo también denunció que la situación es “inaceptable”, según recogió el propio NRC.
Además del cierre de escuelas y la interrupción de actividades, el NRC indicó que el reclutamiento forzado de menores de edad y el asesinato selectivo de profesorado figuran entre los problemas más graves detectados en el contexto de esta crisis. La organización precisó que, en promedio, cada dos semanas una escuela es utilizada o tomada para fines militares. Esta tendencia agrava el peligro para los estudiantes y amplifica la privación de los derechos básicos de la niñez y la juventud en comunidades vulnerables.
El NRC recalcó que la presencia de escuelas convertidas en escenarios de la guerra afecta especialmente a las zonas recónditas del país, donde la presencia institucional es limitada. Esta situación deja a los estudiantes expuestos a los grupos armados y al riesgo de ser reclutados por organizaciones ilegales.
Giovanni Rizzo hizo hincapié en que la protección de los centros educativos es esencial para el futuro del país y llamó a los actores del conflicto a adoptar de forma urgente medidas que aseguren que las escuelas no sean objetivos militares. “Las escuelas deben permanecer fuera del alcance de la violencia. Es hora de que las obligaciones de las partes en conflicto se conviertan en acciones efectivas para proteger el futuro de Colombia”, sentenció Rizzo, según reportó el NRC.
El cierre de estos establecimientos no solo suspende la educación formal, sino que provoca la pérdida de la única comida del día para muchas alumnas y alumnos, según explicó el NRC. El organismo enfatizó que las escuelas deben ser espacios seguros donde el acceso a la alimentación, los servicios sanitarios y el aprendizaje nunca se vea interrumpido por la violencia. “La educación no puede esperar a que las armas callen (…) El Estado y la comunidad internacional no pueden permitirse fallar a estos niños. Debemos garantizar que las escuelas sean lugares verdaderamente seguros donde la educación, la alimentación y los servicios de salud nunca se interrumpan”, declaró Rizzo en nombre del NRC.
El NRC concluyó que, mientras persista la percepción de que las escuelas pueden ser utilizadas en el conflicto, no existirá garantía de protección suficiente para niñas, niños, adolescentes y personal educativo. Ante este panorama, la organización demandó respuestas inmediatas tanto del Estado como de organismos internacionales para evitar daños mayores y preservar los derechos básicos de las comunidades afectadas.
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