Islandia y Países Bajos se suman a la causa abierta contra Israel por genocidio ante la CIJ

Según la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Islandia y Países Bajos han realizado su declaración formal para intervenir en el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel tras la ofensiva militar en la Franja de Gaza en octubre de 2023, fundado en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. La noticia principal reside en que ambos Estados se suman oficialmente a los procedimientos judiciales a raíz de las denuncias de graves violaciones humanitarias, en un caso donde ya han intervenido otros Estados, entre los que figura España, según consignó la CIJ en un comunicado emitido este jueves.

La CIJ informó que, en cumplimiento del artículo 63 del Estatuto del tribunal, cualquier Estado miembro que sea parte de la citada Convención tiene derecho a intervenir en los procedimientos. Así lo han ejercido Países Bajos e Islandia, quienes argumentaron que, al acogerse a este derecho, la interpretación judicial que emita la corte sobre el caso será igualmente vinculante para ellos, de acuerdo con la confirmación oficial difundida por el tribunal internacional. Según detalló la CIJ, ambos países sustentan su intervención en su condición de Estados parte en la convención internacional adoptada el 9 de diciembre de 1948.

En el proceso, Sudáfrica ha solicitado que la CIJ constate si Israel ha incurrido en genocidio durante la ofensiva en Gaza, que siguió a los atentados de grupos armados palestinos en octubre de 2023. De acuerdo con los datos emitidos este viernes por el Ministerio de Sanidad gazatí, el saldo de víctimas mortales tras la operación israelí supera las 72.000 personas. La acusación sudafricana ante la corte se formalizó a finales de diciembre de 2023, invocando el posible incumplimiento de obligaciones bajo la convención de 1948 que prohíbe el genocidio.

Por su parte, Israel ha respondido que la demanda presentada por Sudáfrica carece de fundamento y argumenta que la interpretación sudafricana de los hechos constituye una “versión profundamente distorsionada” de la realidad, según citó la CIJ. Esta postura critica considera que tanto el contenido como la forma de la acusación no corresponden a la situación ni a las acciones justificadas por parte del Estado israelí. A esta visión se ha sumado el apoyo de Estados Unidos, principal aliado internacional de Israel, quien comparte el cuestionamiento al caso impulsado por Sudáfrica.

La CIJ, además de anunciar la intervención de Islandia y Países Bajos, detalló que tanto Sudáfrica como Israel han sido invitados a presentar observaciones escritas sobre las nuevas declaraciones de intervención. Según explicó el tribunal, este procedimiento permitirá que las posiciones de todas las partes consten en el expediente y sean consideradas en el análisis judicial posterior.

Con el ingreso formal de Islandia y Países Bajos, continúa ampliándose el conjunto de Estados que deciden participar en el proceso sobre supuestas violaciones a la convención anti-genocidio en el contexto del conflicto entre Israel y los territorios palestinos de Gaza, sumándose a una lista que también incluye a España, tal como reportó la CIJ. Estos Estados consideran que la resolución de la corte sobre el caso tendrá un impacto directo en la interpretación y aplicación de la Convención sobre Genocidio, dado que este tratado internacional obliga a sus firmantes a prevenir y sancionar el delito en cualquier lugar donde se cometa.

El proceso de la CIJ abarca la revisión de la conducta israelí durante la ofensiva militar en Gaza y responde tanto a denuncias de asesinatos masivos, desplazamientos forzados y otras acciones atribuidas a las operaciones en el enclave palestino. Las cifras suministradas por el Ministerio de Sanidad en Gaza ubican el número de fallecidos en más de 72.000, una de las principales referencias empleadas por Sudáfrica y otros Estados en su argumentación ante el tribunal, según reiteró la CIJ.

La intervención internacional bajo el amparo del artículo 63 del Estatuto de la CIJ se traduce en la posibilidad de que los Estados parte de la convención planteen su interpretación sobre obligaciones, alcances y consecuencias vinculadas a la acusación de genocidio. Según aclaró la CIJ, cualquier interpretación emitida en la sentencia será de acatamiento obligatorio para todos los Estados que intervinieron en el procedimiento, lo que amplía el alcance de la resolución judicial más allá de las partes iniciales en la disputa.

Finalmente, la procedencia de este proceso judicial radica en la Convención de 1948, que constituye el pilar legal para juzgar acusaciones de genocidio cometidas en territorio de uno u otro Estado que haya suscrito el tratado. Tanto la notificación de las nuevas intervenciones como la invitación a Sudáfrica e Israel a formular comentarios escritos aparecen como etapas formales y relevantes en el avance del pedido sudafricano ante la corte, de acuerdo con los detalles difundidos por la CIJ.