Vox critica el RD que garantiza la atención sanitaria a migrantes en situación irregular: "No somos una ONG"

Ignacio Garriga, vicepresidente y secretario general de Vox, expresó su desacuerdo en redes sociales con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto que facilitará el acceso a la atención médica pública a personas extranjeras que residen en España sin documentación legal. A través de un mensaje publicado en la red social X, Garriga afirmó que la decisión generará una mayor presión sobre los servicios públicos y cuestionó la política del gobierno en materia de inmigración y servicios sociales, fraseando: “Ya han convertido nuestras prisiones y el parque público de viviendas en delegaciones de países extranjeros. Ahora quieren colapsar nuestra sanidad pública ¿Para quién gobierna el PSOE? No somos una ONG. No somos una organización benéfica. No somos el hospital del mundo”. Vox argumenta que el Ejecutivo está priorizando a ciudadanos de otros países y que medidas de este tipo afectan la sostenibilidad de los recursos estatales.

Según informó el medio que da origen a esta cobertura, la crítica de Vox se produce después de que el Gobierno confirmara la aprobación del real decreto que restablece el derecho de atención sanitaria pública a inmigrantes en situación irregular en España, eliminando barreras que habían sido establecidas en virtud del Real Decreto-ley 16/2012, aprobado durante el mandato del Partido Popular bajo Mariano Rajoy. Aquella normativa restringía el acceso a la sanidad para extranjeros sin residencia legal, limitándolo a situaciones específicas como emergencias, embarazo, parto y menores de edad.

El medio consignó que el nuevo marco legal introduce un procedimiento más sencillo para el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria. El trámite pasará a gestionarse mediante una declaración responsable, permitiendo que los interesados se comprometan formalmente a cumplir con los requisitos sin la necesidad de aportar documentación exhaustiva durante la primera instancia del proceso. Adicionalmente, para acreditar la residencia en España, el decreto amplía el abanico de documentos válidos más allá del empadronamiento: ahora serán igualmente admitidos certificados de escolarización, informes emitidos por servicios sociales, certificados de registro de visitas, facturas a nombre del solicitante, así como cédulas o documentos de inscripción consular.

La iniciativa pretende simplificar los procedimientos administrativos y superar obstáculos que, según publicó el medio, dificultaban el acceso efectivo a derechos básicos como la sanidad. Representantes del Gobierno señalaron que con este cambio se busca integrar a la población inmigrante, evitando situaciones de exclusión que podrían afectar la salud pública. El real decreto restituye y amplía derechos que se han visto restringidos tras las reformas del año 2012, durante las que se justificó la limitación del acceso sanitario como una medida de control del gasto público.

Vox sostiene que estas modificaciones supondrán un aumento en la demanda de los recursos sanitarios y sociales, lo que podría traducirse en una mayor sobrecarga para el sistema público. Los representantes de este partido plantean que España debería priorizar la atención a sus ciudadanos y no asumir, en sus palabras, un papel de “hospital del mundo”. Según detalló el medio, Vox vincula esta política sanitaria con una tendencia del Gobierno actual a expandir el acceso de extranjeros a otros servicios, como vivienda o plazas penitenciarias, a través de políticas de inmigración que consideran excesivamente permisivas.

El debate público generado tras el anuncio ha puesto en primer plano el dilema entre la universalización de derechos, como la atención a la salud, y las preocupaciones de sectores que exigen limitar el alcance de las prestaciones para personas sin residencia legal. El medio reportó que, hasta el momento, el Ejecutivo no ha respondido directamente a las manifestaciones de Vox. Mientras tanto, distintos colectivos que trabajan en el ámbito sanitario y asociaciones pro-derechos humanos han expresado que el acceso universal a la sanidad resulta esencial para proteger la salud colectiva y evitar la marginación de grupos vulnerables.

La entrada en vigor del nuevo real decreto marcará un cambio respecto al modelo restrictivo vigente en la última década y podría modificar la situación de miles de personas que residen en España en situación irregular. El avance del proceso legislativo será seguido de cerca por formaciones políticas, organizaciones profesionales y ciudadanos que observan el rumbo de las políticas de inclusión y seguridad sanitaria en el país.