
Las autoridades judiciales de Irán han intensificado las advertencias hacia periodistas y medios locales por la cobertura informativa durante la actual escalada militar, requiriendo estricta observancia de las normas de seguridad establecidas. Según informó la cadena estatal IRIB, el portavoz judicial Asghar Yahangir comunicó que a varias redacciones locales se les ha notificado de manera directa que no deben tomar fotografías ni grabar videos en lugares considerados restringidos, bajo riesgo de enfrentar acciones legales de reincidir en este tipo de prácticas. En este contexto de vigilancia y control informativo, el funcionario recalcó la gravedad de las sanciones contempladas para quienes colaboren con fuerzas consideradas como adversarias por Teherán.
De acuerdo con lo publicado por IRIB, Yahangir precisó que toda persona que asista o colabore con potencias enemigas podrá ser sancionada con la pena de muerte y la incautación de sus propiedades. Estas advertencias surgen en medio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, iniciados el 28 de febrero, y simultáneamente a las negociaciones nucleares en curso entre Washington y Teherán, contexto en el que la vigilancia de posibles colaboraciones internas reviste máxima prioridad para el aparato judicial iraní.
El medio IRIB añadió que los mensajes enviados a las redacciones forman parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para impedir la difusión de información que pueda ser utilizada como apoyo a las fuerzas adversas, tanto dentro como fuera del país. Yahangir subrayó que en caso de reincidencia por parte de los medios advertidos, el Estado actuará con medidas judiciales sin previo aviso. "Se han trasladado las advertencias necesarias a algunos medios locales que no cumplieron con las normas de seguridad e hicieron fotos o vídeos en algunos lugares con el propósito de informar", declaró Yahangir, citado por IRIB. "Si pasa de nuevo, habrá medidas legales", añadió.
El impacto de estas advertencias se hizo sentir también entre ciudadanos iraníes residentes en el extranjero, luego de que la Fiscalía del país anunciara recientemente el embargo de propiedades pertenecientes a individuos que, según las autoridades, mantuvieran cooperación con potencias enemigas o atenten contra la seguridad nacional, detalló IRIB. La medida busca desincentivar posibles filtraciones o colaboración con servicios de inteligencia extranjeros, bajo una política de sanciones económicas y judiciales que afecta tanto a bienes inmuebles como a activos financieros.
En relación con la ofensiva militar, IRIB reportó que los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán han ocasionado hasta el momento más de 1.200 muertes. Entre los fallecidos, las autoridades incluyen no solo a víctimas civiles sino también a figuras centrales del liderazgo iraní, como el líder supremo Alí Jamenei, además de ministros del gobierno y altos mandos del Ejército. Esta elevada cifra refuerza la postura de las autoridades de endurecer las disposiciones legales contra quienes consideren simpatizantes o colaboradores de los atacantes.
El medio estatal añadió que las fuerzas armadas iraníes han ejecutado en respuesta el lanzamiento de misiles y drones dirigidos a blancos en Israel y contra intereses de Estados Unidos en varios países de la región de Oriente Próximo, incluidos despliegues en instalaciones militares extranjeras. La respuesta militar iraní se enmarca en una política de represalia directa tras los ataques recibidos y ha elevado el nivel de tensión en la región, volviendo prioritario para Teherán limitar la divulgación de informaciones sensibles.
Diversas fuentes institucionales citadas por IRIB subrayaron la prioridad del gobierno de vigilar la actividad de medios, ciudadanos y residentes fuera del país para prevenir acciones que puedan interpretarse como colaboración con potencias enemigas durante el estado actual de conflicto. Las disposiciones judiciales incluyen penas extremas, entre ellas la privación de libertad, la ejecución y la pérdida de patrimonio personal, aplicables a quienes sean considerados responsables de asistir o informar para intereses contrarios a los de Irán en este contexto de hostilidades militares internacionales.
Por su parte, las autoridades recalcaron según IRIB que las advertencias dirigidas a la prensa no solo buscan preservar la seguridad nacional, sino también evitar que información estratégica llegue a manos de enemigos potenciales, especialmente en circunstancias caracterizadas por acciones armadas cruzadas y un flujo constante de información entre actores domésticos y externos. Las medidas expuestas incluyen una vigilancia sistemática sobre los desplazamientos, actividades y comunicaciones de la prensa y de comunidades iraníes radicadas en otros países, con el objetivo de prevenir incidentes similares a los detectados en los días recientes, en los que se ha constatado la captación de imágenes en zonas sensibles por parte de profesionales de la información.
Mientras los enfrentamientos continúan y las sanciones judiciales se endurecen, el gobierno mantiene la postura de que toda cooperación con fuerzas externas será considerada traición a la seguridad estatal, según reiteró el portavoz judicial en declaraciones difundidas por IRIB. En este sentido, la cobertura mediática y las relaciones internacionales de la ciudadanía iraní permanecen bajo creciente escrutinio, elevando la presión sobre cualquier actividad considerada perjudicial para los intereses del país durante el actual estado de conflicto.
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