AMP. La jueza del 'caso Supercopa' imputa a expresidente y gerente de La Cartuja por supuesto beneficio ilícito

Arrabal y Oviedo, que meses después de adjudicar obras a Gruconsa adquirieron propiedades en Málaga y Sevilla por 343.500 y 181.000 euros respectivamente, están siendo investigados por supuestos delitos de corrupción relacionados con la adecuación del Estadio La Cartuja en Sevilla. Según informó Europa Press, la jueza Delia Rodrigo, del Tribunal de Instancia Número 4 de Majadahonda (Madrid), ha declarado como imputados tanto al expresidente de la Empresa del Estadio La Cartuja de Sevilla (ECSSA) y exsecretario general para el Deporte andaluz, José María Arrabal, como al gerente de la entidad, Daniel Oviedo, en un proceso que también implica la incautación de dispositivos electrónicos y el acceso a sus movimientos bancarios.

De acuerdo con el auto judicial citado por Europa Press, la instrucción autoriza a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a examinar todos los dispositivos y servicios bancarios de los investigados para clarificar si obtuvieron algún beneficio económico ilícito. La jueza señala en el auto la “participación directa” de Arrabal y Oviedo en las negociaciones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la constructora Gruconsa, empresa adjudicataria de los contratos de adaptación del estadio para competiciones, incluidos los requisitos de la Eurocopa de 2021.

El análisis de operaciones bancarias forma parte de la investigación sobre presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, enmarcados además en las irregularidades detectadas durante las conversaciones con Arabia Saudí para celebrar la Supercopa de España de fútbol masculino en dicho país. La jueza apunta que estos pactos podrían haber favorecido no solo a Arrabal y Oviedo, sino también a directivos y empleados de la RFEF, como el expresidente Luis Rubiales, además de colaboradores externos, por la posible concesión de terrenos en Arabia Saudí para la explotación hotelera.

La resolución judicial recogida por Europa Press recuerda que la UEFA designó en abril de 2021 a La Cartuja como nueva sede española para la Eurocopa, en sustitución de Bilbao. A raíz de este anuncio, ECSSA solicitó una subvención excepcional a la Junta de Andalucía por interés público y social, obteniendo la autorización de la Consejería de Educación y Deportes por un total de 4.956.000 euros. Posteriormente, el 7 de mayo de 2021, Arrabal firmó un documento como presidente del Consejo de Administración de ECSSA, justificando la apertura de procedimientos de contratación para acometer obras y servicios relacionados tanto con un convenio de asistencia técnica y asesoría con la RFEF como con la subvención concedida.

Tal como recoge Europa Press, ECSSA reconoció la insuficiencia de recursos propios para ejecutar las reformas y decidió recurrir a un proceso de concurso para garantizar la correcta realización de las mismas. Finalmente, dos de estos procedimientos recayeron en la constructora Gruconsa. Arrabal formalizó el inicio de ambos expedientes el 28 de mayo del mismo año: uno para la tematización de la sala de prensa (88.061,99 euros) y otro para la adecuación de la zona deportiva (816.798,24 euros). Por su parte, Oviedo, como gerente y encargado de las contrataciones, aprobó la memoria justificativa de ambos proyectos, según el mismo auto.

La jueza advierte que las obras relativas a control de accesos e iluminación, relacionadas con la RFEF, dieron lugar a facturas para Gruconsa por 2.342.143,87 euros más 122.434,96 euros. Aunque en reiteradas ocasiones la RFEF aparece como responsable de estos pagos, la magistrada puntualiza que ECSSA fue también señalada como responsable. Según el auto, ante la imposibilidad de ECSSA de licitar rápidamente las obras, la RFEF intentó desvincular la adecuación del estadio para la Eurocopa, incorporándola al Convenio de Selecciones para justificar el gasto y su posterior restitución por parte de ECSSA a través de la cesión del 10% de la recaudación de taquilla de esos partidos.

En la investigación, la jueza destaca que tanto Arrabal como Oviedo ocupan o han ocupado cargos en diversas compañías, la mayoría vinculada al sector de la construcción. El análisis también incluye la adquisición de bienes inmuebles realizada por ambos directivos en fechas próximas a la adjudicación de los contratos a Gruconsa: en septiembre de 2021, Arrabal compró junto a su esposa una propiedad en Málaga por 343.500 euros, y en noviembre de ese año Oviedo adquirió un inmueble en Sevilla por 181.000 euros.

Fuentes de la constructora Gruconsa, según reportó Europa Press, aseguraron que ejecutaron y entregaron las obras solicitadas a la RFEF cumpliendo los plazos y confiando en los procedimientos internos de adjudicación y auditoría de la federación. Añadieron que, entre 2019 y 2023, los trabajos realizados para la RFEF representaron solo el 2,7% de su facturación total —más de 118 millones de euros sin incluir IVA—. Detallaron que su intervención en La Cartuja consistió principalmente en la instalación de luces, adecuación de vestuarios y accesos al estadio, así como la remodelación de la sala de prensa, e insistieron en que no fueron los únicos responsables de esas reformas.

La empresa también argumentó que la adjudicación de los contratos en La Cartuja se resolvió por vía de urgencia debido al corto plazo (un mes) para completar las reformas. Además, señaló que todos los detalles de su participación serán aclarados por sus directivos cuando sean requeridos a declarar ante la instructora, subrayando que la empresa ofertó sus servicios a precios de mercado.

El proceso judicial abierto bajo la dirección de la jueza Delia Rodrigo continúa con la revisión de dispositivos electrónicos y movimientos bancarios para aclarar el origen y el destino de los fondos implicados en la adjudicación de las obras. La investigación también contempla el posible impacto de las negociaciones con Arabia Saudí para la Supercopa y las ramificaciones en torno a la RFEF y sus responsables en ese periodo, incluyendo posibles retornos económicos irregulares.