Ley que permitirá centros de migrantes en extranjero supera primer escollo en Eurocámara

Uno de los elementos más controvertidos de la nueva normativa europea sobre migración contempla la creación de centros de retorno en países ajenos a la Unión Europea, con la posibilidad de incluir en estos a familias con menores. Según reportó la agencia EFE, el Reglamento de Retornos avanzó tras ser aprobado en la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, lo que abre la puerta a su discusión y posible ratificación en un futuro pleno. La propuesta legisla acelerar y simplificar las expulsiones de migrantes y endurece las penalizaciones para quienes no colaboren en los procesos de repatriación, lo que ha desencadenado divisiones tanto a nivel político como social dentro de la Eurocámara.

El medio EFE detalló que este avance legislativo fue posible gracias a la unión de partidos conservadores como el Partido Popular Europeo (PPE), los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), Patriotas por Europa (PfE) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN), quienes lograron consolidar una mayoría junto a grupos de ultraderecha. El PPE defendió la alianza y argumentó que la eficacia del derecho de asilo depende de que quienes tengan su solicitud rechazada salgan efectivamente del territorio europeo. El eurodiputado francés François-Xavier Bellamy afirmó: “Si queremos defender el principio básico del asilo, hay que asegurar que aquellos a quienes se rechaza finalmente abandonan los países”. También subrayó el desacuerdo con la postura mantenida por los socialdemócratas (S&D), y agregó que el PPE impulsará este tipo de medidas siempre que dispongan de mayoría suficiente, aunque eso implique dejar fuera a partidos socialdemócratas y liberales.

Desde el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, Charlie Weimers celebró que por primera vez el Parlamento Europeo se alinee estrechamente con la posición defendida por el Consejo, a diferencia de ocasiones anteriores en las que el Parlamento solía ubicarse más a la izquierda en estos asuntos. Por su parte, el jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, valoró lo votado como un “primer paso” para deportaciones y “reemigración”, considerando necesaria la iniciativa para el continente.

El texto aprobado prevé no solo acelerar los procedimientos de expulsión, sino también introducir obligaciones legales más estrictas y nuevas sanciones. Entre estas sanciones figuran la posibilidad de aplicar prohibiciones de entrada permanentes al territorio europeo a personas que no cooperen con su devolución o no obedezcan las órdenes de retorno. La prolongación de las detenciones de migrantes durante los trámites también queda autorizada bajo la nueva regulación. Además, tanto la UE como uno o varios Estados miembro podrán negociar y llegar a acuerdos con terceros países para instalar estos centros de retorno fuera de las fronteras europeas.

Según publicó EFE, la reacción de los grupos de la oposición ha sido de firme rechazo. Los socialdemócratas criticaron la iniciativa por considerar que afecta “drásticamente” los derechos de las personas sometidas a retorno y por establecer marcos vinculantes que incluyen centros de repatriación en países externos. Asimismo, lamentaron la alianza entre el PPE y partidos de extrema derecha, calificándola como un precedente preocupante para la política migratoria europea. Los Verdes, por su parte, denunciaron que el texto aprobado, gracias a una mayoría de derecha y ultraderecha, responde a una “ideología racista y populista”, señalando que las nuevas normas ponen en juego la dignidad y la vida de las personas migrantes, especialmente por las severas sanciones y la inclusión de familias con menores en los centros situados fuera de la UE.

El medio EFE añadió que solo uno de cada cuatro migrantes irregulares a quienes se les ordena abandonar la Unión Europea cumple con esa exigencia, una estadística que inquieta a la mayoría de los países miembros y que ha motivado nuevas iniciativas para reforzar los retornos. La nueva legislación pretende revertir esa situación incrementando las posibilidades de expulsión efectiva.

Algunas naciones, como España, han expresado reservas sobre la legalidad, las implicaciones políticas y el costo económico de establecer centros de retorno extraterritoriales. Madrid considera que este enfoque puede tener un “impacto negativo” en las relaciones bilaterales con países colaboradores en la gestión de los flujos migratorios en origen.

Lo que se decida en el pleno del Parlamento Europeo –cuya fecha aún queda por determinar– será la base de negociación de esta institución con el Consejo de la Unión Europea, de cara a la redacción final del texto normativo. Hasta entonces, la regulación continúa generando fuertes discrepancias entre bloques ideológicos y mantendrá abierto el debate sobre el equilibrio entre control migratorio, respeto a los derechos humanos y relaciones exteriores de la Unión Europea.