La Fiscalía anuncia que incautará los bienes de iraníes residentes en el extranjero que "cooperen con el enemigo"

La ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán ha resultado en la muerte de más de 1.200 personas, entre las cuales figuran el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y miembros de la cúpula militar iraní, informó la televisión estatal IRIB. En este contexto, la Fiscalía iraní anunció nuevas medidas orientadas a incautar los bienes de ciudadanos iraníes en el extranjero que colaboren con lo que el gobierno denomina países hostiles o realicen actividades consideradas contrarias a los intereses nacionales, tal como consignó IRIB y según reportó la prensa internacional.

De acuerdo con la información difundida por IRIB, la Fiscalía de Irán detalló que cualquier iraní residente en el exterior acusado de “cooperar con el enemigo” o realizar acciones que perjudiquen la seguridad nacional será objeto de confiscación de propiedades y de sanciones contempladas en la ley vigente. Las autoridades especificaron que la normativa se extiende a actividades consideradas como espionaje a favor de Estados Unidos, Israel o grupos y personas vinculadas a estos países.

La Fiscalía subrayó, según recogió la cadena pública, que las sanciones no solo apuntarán a quienes participen directamente en actos hostiles, sino también a aquellos que “simpatizan, acompañan o cooperan desde el extranjero con el agresor estadounidense-sionista”. Este organismo advirtió que todas las propiedades de estas personas en territorio iraní serán afectadas, y se prevén castigos adicionales de acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional.

El pronunciamiento de la Fiscalía coincidió con un momento de tensión tras el ataque conjunto de fuerzas estadounidenses e israelíes contra diversos objetivos en Irán y en Oriente Próximo y la posterior respuesta de Teherán. Las fuerzas armadas iraníes lanzaron misiles y drones sobre Israel y contra instalaciones de Estados Unidos en otros países del Medio Oriente, incluidas bases militares, informaron autoridades iraníes citadas por IRIB.

El medio estatal también recogió declaraciones de la Fiscalía que destacaban la “unidad y cohesión” de la nación iraní como factor determinante en la resistencia frente a la ofensiva foránea. Según la Fiscalía, esta respuesta social tuvo como consecuencia el desaliento del enemigo y contribuyó a fortalecer la seguridad interna durante la situación de conflicto.

Según publicó IRIB, las medidas anunciadas incorporan todos los castigos legales posibles, además de la confiscación de bienes, acentuando la severidad de las acciones previstas para quienes se consideren aliados o colaboradores de países catalogados como hostiles. Estas acciones forman parte de la reacción institucional iraní tras los acontecimientos del 28 de febrero, que incluyeron pérdidas humanas dentro de la élite política y militar.

La Fiscalía insistió en que cualquier tipo de apoyo o participación que se interprete como favorable a los intereses estadounidenses o israelíes acarrea la pérdida de propiedades personales en Irán, sin excepción. Este aviso se produjo en una coyuntura en la que el Estado busca reforzar medidas de seguridad y respuesta ante episodios recientes de violencia armada con saldo letal y repercusiones en la región, reportó la cadena pública IRIB.

El marco legal utilizado para justificar la incautación de bienes engloba situaciones en las que ciudadanos de origen iraní residentes fuera del país hayan realizado actividades consideradas como traición nacional, incluyendo la entrega de información u otro tipo de colaboración en operaciones internacionales que perjudiquen la seguridad de Irán, precisó la misma fuente. El endurecimiento de estas medidas sugiere la intención de las autoridades de limitar cualquier influencia o iniciativa opositora impulsada desde fuera del país.

El panorama descrito por IRIB revela que las respuestas institucionales, incluída la incautación de bienes y las sanciones, buscan frenar el respaldo externo a movimientos o acciones que el Estado considera hostiles, así como fortalecer la cohesión social para afrontar el actual contexto de violencia y confrontación internacional.