
El Movimiento 23 de Marzo (M23), por medio de su brazo político la Alianza del Río Congo (AFC), insistió durante el fin de semana en que el Gobierno de la República Democrática del Congo mantiene la detención de miembros del grupo y de otras personas que, según la organización, han sido privadas de libertad de manera arbitraria y solo por su apariencia. Según reportó el medio, la AFC reclamó que, mientras lleva a cabo gestos para reducir tensiones, como la reciente entrega de prisioneros, las autoridades congoleñas aún no han respondido de forma equivalente.
De acuerdo con lo que comunicó la AFC y publicó el medio, este domingo el M23 informó haber puesto en manos de representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a más de 5.000 militares del Ejército congoleño. El grupo aseguró que esta operación ocurrió el pasado lunes en una ceremonia realizada en Rugambo, situada en la provincia de Kivu Norte, una región marcada por años de enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y el M23.
Según consignó el medio, la AFC/M23 remarcó que esta decisión corresponde a un “gesto humanitario” y reiteró en su comunicado que busca fortalecer las medidas de fomento de la confianza. El comunicado expone que su actuación pretende contribuir a la reducción de las tensiones, en consonancia con las disposiciones del derecho internacional humanitario.
La organización subrayó, según recogió la publicación, que no ha encontrado reciprocidad en el gobierno de la República Democrática del Congo. Señaló que las autoridades siguen negándose a liberar a sus integrantes, así como a personas detenidas por motivos que en opinión del grupo no se sostienen, entre ellos simplemente su apariencia física. El comunicado divulgado en redes sociales enfatizó la preocupación de la AFC por la ausencia de respuestas a estos pedidos.
Por otra parte, según publicó el medio, el M23 ya había acusado formalmente al Ejército estatal de llevar adelante una “ofensiva a gran escala” en el este de la República Democrática del Congo. Estas acciones, denunciadas en una declaración el 25 de febrero, habrían incluido ataques contra localidades densamente pobladas, a pesar de que en esa zona regía un alto el fuego desde el 13 de febrero tras un acuerdo propuesto por el presidente de Angola, Joao Lourenço.
El medio detalló que, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto en Kivu Norte y las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, no existe hasta el momento una confirmación oficial por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja acerca de la recepción de los más de 5.000 militares entregados por la AFC/M23. Los procedimientos con este tipo de prisioneros se centran habitualmente en las normas del derecho internacional humanitario, que establece condiciones para su tratamiento, entrega y eventual liberación.
Desde hace años, la región del este de la República Democrática del Congo experimenta episodios de violencia entre grupos armados y el Estado, con denuncias persistentes de prácticas como detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados y ataques contra civiles. La reciente entrega de militares anunciada por el M23 constituye uno de los movimientos más destacados en el actual contexto del conflicto, según documentó el medio, e introduce nuevas exigencias sobre la administración de justicia y recíproca acción humanitaria en el marco de las hostilidades, a la espera de que las partes puedan avanzar hacia medidas concretas que apacigüen la situación en la zona.
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