
La Media Luna Roja iraní ha señalado que vehículos de asistencia y equipos de rescate han sufrido daños durante los recientes bombardeos, en los cuales varios trabajadores humanitarios resultaron heridos mientras llevaban a cabo labores de socorro. Este balance se suma a la preocupación generada por el incremento de víctimas y los extensos daños en infraestructuras civiles atribuidos a ataques recientes. Según informó la agencia Europa Press, el Gobierno de Irán ha denunciado la muerte de al menos diez trabajadores sanitarios tras los ataques efectuados por Estados Unidos e Israel desde el pasado fin de semana.
De acuerdo con Europa Press, la portavoz del Ejecutivo iraní, Fatemeh Mohajerani, confirmó en una conferencia de prensa que, además de las muertes reportadas, diversas instalaciones médicas, como el Hospital Imam Ali de Andimashk y la sede de la Sociedad de la Media Luna Roja en Mahabad, han sido blanco de ataques. Mohajerani manifestó que, a pesar de esta situación, el suministro de medicamentos y productos esenciales permanece estable, y aseguró que las provincias que acogen a personas refugiadas y desplazadas cuentan con los recursos necesarios. Este mensaje pretende contrarrestar la inquietud sobre eventuales desabastecimientos a raíz de la escalada del conflicto.
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El presidente de la Media Luna Roja iraní, Pirhosein Kolivand, declaró —también citado por Europa Press— que el impacto de los bombardeos ha abarcado un gran número de instalaciones civiles. Precisó que, hasta la fecha, se han reportado daños en 6.668 infraestructuras, de las cuales 65 corresponden a centros educativos y 14 a establecimientos de salud. Entre los bienes afectados, se incluyen 5.535 viviendas, 1.041 locales comerciales y trece sedes de la Media Luna Roja del país. La organización compartió estos datos en sus redes sociales, enfatizando la magnitud del daño que han sufrido tanto la infraestructura urbana como los servicios públicos esenciales.
La Media Luna Roja iraní destacó, según recogió Europa Press, que los convenios internacionales como las Convenciones de Ginebra “prohíben explícitamente” atacar instalaciones civiles, enumerando viviendas, hospitales, escuelas y vehículos dedicados al socorro entre los bienes jurídicamente protegidos en contextos bélicos. En ese sentido, Kolivand subrayó la obligación de todas las partes involucradas en el conflicto de respetar y proteger tanto estos lugares como al personal humanitario y civil. Por esta razón, el organismo instó a instituciones internacionales, organizaciones humanitarias y defensores de derechos humanos a que adopten “medidas inmediatas y eficaces para proteger la vida de los civiles, garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios y asegurar el respeto del derecho internacional humanitario”.
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Además del personal sanitario y humanitario afectado, se han registrado numerosas víctimas entre la población estudiantil. Según consignó Europa Press, el Ministerio de Educación de Irán informó que 192 estudiantes han perdido la vida y 154 más resultaron heridos en los ataques que la autoridad identifica como “estadounidenses-sionistas”. También se reportó la afectación o destrucción de 66 escuelas, lo cual ha impactado el acceso regular a la educación.
Tras este escenario, el Ministerio de Educación anunció que las actividades escolares presenciales quedarán suspendidas y las clases se reanudarán este domingo en modalidad no presencial. Esta decisión sigue al período de siete días sin clases que se decretó luego de la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en bombardeos estadounidenses, según narró también Europa Press. Las clases universitarias igualmente continuarán mediante plataformas remotas hasta el final del año académico, en un intento de preservar la seguridad de estudiantes y personal docente ante la persistencia de riesgos.
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El panorama descrito, según detalló Europa Press, refleja un aumento en la preocupación de las autoridades iraníes y organizaciones humanitarias por la situación de los civiles y el deterioro de las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de servicios esenciales, en un contexto de hostilidades marcadas por elevados niveles de violencia y la puesta en entredicho de las normas internacionales que regulan los conflictos armados.
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